La cohesión social como categoría de análisis en el contrabando
Carolina Ramírez M, Magali Alba Niño & Mónica Sánchez Truzman
Universidad Simón Bolívar / Colombia
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Carolina Ramírez M, Trabajadora social, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Magíster en Práctica Pedagógica, Universidad Francisco de Paula Santander - Colombia. Especialista en Práctica Pedagógica Universitaria, Universidad Francisco de Paula Santander - Colombia. Especialista en Gerencia Social, Universidad Simón Bolívar. Coordinadora de Investigación el Programa de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta. Correo electrónico: c.ramirezm@unisimonbolivar.edu.co
Magali Alba Niño, Trabajadora Social, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Maestrante en Educación, Universidad Simón Bolívar. Especialista en Gerencia Social, Universidad Simón Bolívar. Directora del Programa de Trabajo Social, Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta
Mónica Sánchez Truzman, Licenciada en Filosofía por la Universidad de Granada (España). Maestrante en el Máster Euro-latinoamericano en Educación Intercultural, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED – España). Docente-Investigadora del Programa de Trabajo Social, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta
Recibido: 11 de Abril de 2016
Aprobado: 15 de Noviembre de 2016
Referencia recomendada: Ramírez, C., Niño, A., & Sánchez, M. (2016) La cohesión social como categoría de análisis en el contrabando. Revista de Psicología GEPU, 8 (1), 177 - 194
Resumen: El contrabando representa una problemática socioeconómica creciente que se invisibiliza en imaginarios culturales de integración, adormece las reacciones sociales, fomenta la indiferencia y justifica la desigualdad social. Este artículo de revisión, aborda la cohesión social como método alternativo para analizar y contener esta práctica, estableciendo la noción Cepalina y sus subcategorías de “confianza social, solidaridad social, acuerdo social, participación social y comunitaria, valoración de la democracia y desinterés por la política” (CEPAL 2007,69). Estos elementos conforman la base de la revisión documental que contempla artículos científicos que evidencian los intentos jurídicos para frenar el contrabando frente a las posibles acciones de la sociedad civil que son fundamentales para atenuar la práctica irregular del contrabando y sus consecuencias sociales.
Palabras claves: Cohesión social, Contrabando, Participación ciudadana, Acuerdos sociales, Anti-contrabando, Acciones policivas.
Abstract: Smuggling is a growing socioeconomic problem that imaginary invisible in cultural integration, numbs social reactions, encourages indifference and justifies social inequality. This review article addresses social cohesion as an alternative method to analyze and contain this practice, setting the ECLAC notion and its subcategories of "social trust, social solidarity, social agreement, social and community participation, appreciation of democracy and lack of interest politics "(ECLAC 2007, 69). These elements form the basis of the literature review that includes scientific articles that show the legal attempts to curb smuggling against possible actions of civil society are essential to reduce the malpractice of smuggling and social consequences.
Keywords: Social cohesion, Smuggling, Citizen participation, Social agreements, Anti-smuggling, Policivas actions.
Introducción
El contrabando ha dejado de ser un fenómeno social propio de la interacción fronteriza, para transformarse en un problema social que hoy representa ilegalidad y focos de violencia directa e indirecta tras el aumento de desempleo, la desigualdad de ingresos y las conformaciones de redes de contrabando de un orden superior en el que “la especialización del tráfico ilícito de mercancías ha terminado por afectar de forma sustancial los referentes modernos de la economía, de la sociedad y de la seguridad de la nación.” (González 2008,12).
Según la DIAN el contrabando representa “alrededor de 6.000 millones de dólares anuales, lo que constituye una pérdida cercana a 1.500 millones de dólares en recaudo de impuestos” (Gómez, 2014) siendo los sectores de mayor afectación el textilero, calzado, arrocero, combustibles, licores y cigarrillos con millonarios capitales que desaceleran el crecimiento de la industria colombiana y con ello, el desarrollo social del país. Esta situación incide de manera directa en problemas sociales de violencia, desigualdad y desarrollo humano en general, al propiciar control territorial, monopolios comerciales ilegales y ausencia de políticas claras que permitan afrontar el problema dado que legalmente existe una
“Ausencia de unidad de inteligencia en materia de contrabando; ausencia de fiscales y jueces especializados; ausencia de espacios de coordinación interinstitucional; dificultad legal para compartir información entre entidades; dificultad para verificar la validez de la documentación en operaciones de control; debilidad legal punitiva a partir de 50 salarios minimos-29.4 millones permite el micro-contrabando” (DIAN 2013,7-8).
Ante la problemática del contrabando es importante resaltar la necesidad de involucrar de manera activa los diversos sectores sociales que representan la sociedad civil ya que las consecuencias directas son asumidas por ellos, siendo aquí donde la cohesión social representa una opción para la confrontación del problema. El concepto de cohesión social es acuñado por primera vez por Emile Durkheim en el siglo XIX en un intento de dar respuesta a la pregunta ¿cómo está unida la sociedad? Es decir, qué es lo que hace que las personas establezcan diferentes formas de integración social a lo cual el autor, destaca la solidaridad como un tipo de cohesión que a su vez va a estar fuertemente determinada por la división del trabajo dentro de la sociedad y que se evidencia en dos tipos de solidaridad:
Mecánica: en la que se “existe un vínculo directo entre el individuo y la sociedad de pertenencia, compartiendo el sistema de creencias y valores que constituyen la conciencia común del grupo. La personalidad individual está «diluida», difuminada, en la estructura social absorbente. Es la semejanza lo que asegura la cohesión social; es una cohesión «frágil» porque no se basa en personalidades diferenciadas que a través del consenso refuercen sus condiciones de coexistencia pacífica en el todo social” (Moreno 2008,389).
Orgánica: aquella donde el fundamento de la integración reside en el “reconocimiento de diferencias complementarias entre los individuos” (Moreno 2008,389), produciéndose un vínculo indirecto entre el individuo y la sociedad, ya que la unión entre individuo y sociedad se lleva a cabo a través de una vinculación interiorizada “con instituciones específicas y con otros individuos con los que interactúa. Es así que la sociedad aparece ante todo como un sistema de funciones características, diferenciadas, especiales y coordinadas entre sí en el marco de la división del trabajo” (Moreno 2008, 389).
Si la solidaridad orgánica requiere que cada individuo se especialice en su trabajo para generar una interdependencia y así poder alcanzar una cohesión social (a través de una cooperación social); en la solidaridad mecánica va a predominar la división del trabajo como una cohesión rudimentaria y basada en creencias comunes.
Con base a la diferenciación de ambos tipos de solidaridad, solo la orgánica podrá generar cohesión social, en tanto que está basada en la cooperación y ésta beneficia a la sociedad en su conjunto: “La voluntad de vivir en mutua dependencia lleva a su más alto grado la cohesión social. La solidaridad social depende, pues, del desarrollo intelectual y moral de la Humanidad”, (Moreno 2008, 389).
La evolución del concepto de cohesión social, ha llevado a integrar aspectos del contexto jurídico que integran determinantes como los derechos económicos: en los que se destacan indicadores de ingresos, empleo, educación, salud, desigualdad y visiones de políticas incluyentes que den una base a la sociedad para el desarrollo de habilidades morales, creencias, valores y conciencia de grupo que permitan la vinculación de los habitantes en un contexto integral. En este sentido, el caso de análisis Norte de Santander-Táchira representa un complejo de situaciones interdependientes que lo llevan a experimentar altos índices de pobreza, desigualdad, desempleo e informalidad, así como múltiples problemas sociales como la violencia, desplazamiento y crecimiento acelerado de la población en barrios periféricos que denotan la precariedad de infraestructura vial y de servicios públicos que marginan a sus habitantes.
Esta situación de desigualdad, marginalidad y pobreza hacen que proliferen los grupos armados y la injusticia social, lo que se convierte en una fuerte razón para que los habitantes vayan perdiendo aspectos propios de la cohesión como la interdependencia, comunicación y escenarios en donde compartir visiones culturales que los unen en función de propósitos comunes. Es en este contexto donde se genera la indiferencia o poca reacción ante la situación del contrabando ya que para algunos pobladores este representa una oportunidad laboral, mientras que para otros les permite el acceso a productos de bajo precio que simbolizan un modo de subsistencia que no deja ver más allá del beneficio personal y familiar.
El problema social del contrabando:
“parece un cáncer que carcome en forma silenciosa algunos sectores de la economía del país. Además de afectar las finanzas públicas, especialmente en departamentos y municipios, atenta contra el empleo y es competencia desleal para quienes hacen empresa y comercio legal en el país”, (Caracol 2010).
De esta manera el contrabando representa una causa directa del problema social de la región a la vez que justifica su existencia como alternativa a la situación social. Siendo el contrabando una problemática que abarca diversos sectores sociales, se propone la vinculación activa de la sociedad en el desarrollo de procesos que permitan hacerle frente social como una característica esencial para llevar al estado a la construcción colectiva de propuestas de solución.
En este ejercicio se propone el abordaje de la cohesión social desde el fortalecimiento de la solidaridad social, Acuerdo social, Participación social y comunitaria, Valoración de la democracia y El desinterés por la política como herramientas concretas que lleven al cambio de postura social frente al contrabando y en el que se perciba una adhesión social a medidas legales que han resultado ineficaces para combatir el problema, como lo han sido “la reconversión socio-laboral de pimpineros ilegales”(Fundación Ecopetrol s/f), la “exclusión del IVA y creación de zonas francas”(El espectador 2010) así como medidas represivas de ambos países que deberían representar oportunidades de cambio situacional sin que así haya sido.
La confianza social
La confianza social es definida por Heras como aquella situación que: “demanda que los ciudadanos experimenten una gran confianza en términos personales con el vecino, el colega del trabajo, el amigo o la familia, etc. y que esta confianza se extienda a la vida pública; es decir, del ciudadano hacia sus autoridades, sus instituciones y en todas sus relaciones sociales.” (Heras 2011,19).
Esta confianza es producto de las interacciones cotidianas entre diversos sistemas sociales que la integran: “la formación de éstos obedece tanto al desarrollo de una cultura democrática, como a los esfuerzos institucionales por procurar ganar y generar dicha confianza entre la misma ciudadanía” (Heras 2011, 20). Situación que en Norte de Santander presenta complejas discusiones debido a la poca participación democrática y la baja credibilidad en las instituciones sociales que fragmentan la visión de colectividad regional.
Es común encontrar que los imaginarios sociales de la población, en relación a la cultura e identidad, se sientan fragmentados bajo la razón de la situación binacional. En este sentido:
“Las significaciones sociales imaginarias constituyen la sociedad, son la base de las prácticas y valores asumidos o predominantes. Son imaginarias porque forman la realidad social y están a un nivel diferente del de los objetos puramente materiales, y porque la sociedad no reconoce en ellas algo que es su propio producto”, (Arribas 2008, 111).
Así, la sociedad y su cohesión estarán determinadas no solo por las significaciones que los ciudadanos proyecten desde sus prácticas cotidianas, sino por los valores y principios a los que den prioridad en función de aquellas necesidades que quieran que satisfacer. En tanto que:
“Toda persona vive necesariamente con otras personas, vive en comunidad, en una serie de comunidades, o grupos de personas con intereses comunes, en las que se desenvuelve toda su vida “, (Hartu 2004, 29).
La cuestión, entonces, está en determinar qué valores y principios habrá que promover para que el conjunto de la ciudadanía participe en la construcción de una sociedad con base en unos imaginarios sociales que susciten el bienestar y la calidad de vida de toda la sociedad. Sin embargo, el imaginario no es el único que incide en la fragmentación de la confianza social. Es necesario poner de relieve las múltiples carencias que encierra la democracia en Colombia y en la región nortesantandereana. Una de ellas es la legitimidad estatal que tras el fraude, el clientelismo y la corrupción representan amenazas, como las denunciadas por Duncan:
“Las bacrimes, como los Urabeños y los Rastrojos, al igual que sus antecesores los paramilitares, necesitan que las instituciones del Estado no intervengan en contra de sus intereses básicos. Pero, paradójicamente, es la relativa fortaleza de esas instituciones la que obliga a las agrupaciones criminales a intervenir en las elecciones. Si el Estado fuera débil y no contara con recursos, no existiría ninguna razón para ello y bastaría con imponerse como autoridad para gobernar las comunidades. Pero como las instituciones pesan aún en la periferia, las organizaciones criminales necesitan cooptarlas y corromperlas para proteger sus fuentes de rentas (narcotráfico, minería, corrupción) de la intervención de las autoridades. Siendo estas rentas importantes para la inclusión económica de la población, el resultado es aún más paradójico: quienes organizan actividades ilegales tienen representación en instituciones legales para legitimarse a través de la provisión de demandas sociales.” (Duncan, 2014)
Esta carencia de esfuerzos institucionales que promuevan una cultura de rechazo hacia la ilegalidad no solo se ven reflejadas en los actos cotidianos que denuncian los habitantes cuando refieren los sobornos a funcionarios públicos para ingresar de manera ilegal productos al país, sino contextos generales como la ausencia de normas claras y precisas que lo frenen, tal como lo señala González cuando afirma que en Colombia
“A pesar de la larga historia del contrabando, esta actividad solo fue elevada a la categoría de delito en el año 2000 con la Ley 599, conocida como el nuevo Código Penal colombiano. Posteriormente, el artículo 69 de la Ley 788 de 2002 introdujo modificaciones al nuevo código”, (González 2008, 10).
Esta falta de actuación estatal frente al problema de contrabando justifica en gran medida la indiferencia social ante el contrabando, por esto exige una postura clara frente a la elección de gobernantes que desarrollen una mirada jurídica efectiva de la problemática.
Coherentes con el fortalecimiento de la cultura democrática y los esfuerzos institucionales como elementos de confianza social, se destacan también los autores Espulga, Gamero, Prades y Solá quienes expresan que la confianza exige un dimensión técnica y una dimensión afectiva. La primera encierra aspectos como: “competencia, capacidad, eficiencia, consistencia y experiencia” (2009, 256) dimensión que debe estar presente en las instituciones gubernamentales, las cuales necesitan construir de manera conjunta, planes de acción en los que se incluya al ciudadano y se le garantice la recepción de beneficios estatales, en donde se integren las diferentes visiones gremiales que impulsen la competitividad, sustentabilidad, bienestar social, equidad y justicia que fortalezcan la mirada de confianza de sus pobladores.
Desde la dimensión afectiva, los autores anteriormente mencionados, sugieren en el ciudadano, el desarrollo de “imparcialidad, honradez, buena voluntad, preocupación por la salud y el bien común, integridad y compromiso con los interese de los demás.” (Espulga et al. 2009, 256) como elementos necesarios para la confianza social, los cuales no surgen de manera espontánea, sino que exigen de un trabajo desde la pedagogía social que permita evidenciar cada uno de los aspectos positivos de la región, la visión histórica de laboriosidad, los valores de arraigo, perseverancia y capacidad de afrontamiento frente a situaciones negativas.
Esta dimensión afectiva reclama un compromiso de integración regional que permita la promoción de “territorios con diferentes elementos individuales que se beneficien mutuamente, a través de la sinergia de acciones para el bienestar del sitio que contribuyan a concretar soluciones comunes”(GIZ 2008, 3) que posibiliten la asociación, unidad y desarrollo de una participación que propicie encuentros intersubjetivos que hagan explicita la construcción conjunta y el direccionamiento de la calidad de vida de un territorio en el que las personas visualicen el contrabando como una necesidad común que exige el frente de todos los habitantes para la construcción de estrategias que replieguen la problemática que este genera.
La confianza social como un elemento fundamental de la cohesión es propicia para el impulso de las estrategias que debe implementar el territorio, en aras de jalonear un crecimiento económico y no solo pensar que el contrabando solamente acaba en la medida en que se invierta y genere empresa en la región- Al respecto la CEPAL describe:
“Las sociedades que ostentan mayores niveles de cohesión social brindan un mejor marco institucional para el crecimiento económico y operan como factor de atracción de inversiones al ofrecer un ambiente de confianza y reglas claras (Ocampo, 2004). Por otra parte, las políticas de largo plazo que aspiran a igualar oportunidades requieren un contrato social que les otorgue fuerza y continuidad, y un contrato de tal naturaleza supone el apoyo de una amplia gama de actores, dispuestos a negociar y consensuar amplios acuerdos. Con tal fin, los actores deben sentirse parte del todo y estar dispuestos a ceder en sus intereses personales en aras del beneficio del conjunto. La mayor disposición de la ciudadanía a apoyar la democracia, a participar en asuntos públicos y espacios de deliberación, a confiar en las instituciones y el mayor sentido de pertenencia a la comunidad y de solidaridad con los grupos excluidos y vulnerables facilitan la suscripción de los pactos sociales necesarios para respaldar políticas orientadas al logro de la equidad y la inclusión.” (CEPAL 2007, 17).
La confianza social como elemento indispensable para la cohesión social ha de ser construida por cada uno, a través de las intersubjetividades ya que esta no se da de manera espontánea y tampoco sin promoverse, es necesaria una postura decidida que conlleve a los habitantes a visualizar de manera clara los daños del contrabando, a desvirtuar la razón cultural como excusa para el comercio ilegal y a representar de manera coherente y objetiva un futuro en el que existan las oportunidades de participación de las nuevas generaciones que lleven a un compromiso por el bien común.
Participación social y comunitaria:
Un segundo elemento de análisis de la cohesión social hace referencia a la participación social y comunitaria la cual encuentra sus bases en la histórica democracia en donde se construye de manera colectiva la “división del poder”, permitiendo:
“a más personas implicarse en el proceso de toma de decisiones dentro de la sociedad, lo que conlleva la necesidad de prestar atención real y así lograr una implicación verdadera por parte de los ciudadanos en este proceso. Este hecho depende de las posibilidades de que los propios individuos vean convertidas en realidad sus iniciativas con cambios positivos de su entorno vital y, más adelante, sus esfuerzos queden reflejados en los resultados”, (Müllauer 2007, 167).
Así, la participación social comunitaria como proceso de construcción paulatina encuentra la necesidad de vencer la apatía, indiferencia y conformismo que genera la cotidianidad de aceptar lo ilegal como algo natural.
El contrabando entonces no ha considerarse como una situación que nos tocó vivir por ser frontera, el contrabando es como lo indica Vela, un delito en la medida en que intencionadamente se evade el pago de impuestos y aranceles con los cuales el Estado “recauda los recursos necesarios para poder brindar los servicios que la población requiera” (Vela s/f, 1). Es la apropiación del concepto Estado como visión dinámica e incluyente en la cual todos estamos inmersos, la que debe escenario que motive a la participación social en la medida en que se sientan propios los recursos que se fugan tras el contrabando.
El diccionario de la Real Academia Española define la participación como la “acción y efecto de participar” (RAE 2015), es decir, “intervenir, junto con otros, en algo”, (RAE 2015). En tanto que la comunidad es entendida como “un territorio concreto, con una población determinada, que dispone de determinados recursos y que tiene determinadas demandas” (Marchioni 2002, 455), ésta se erigirá como el espacio principal de participación y desarrollo comunitario, entendido éste último como “un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, con la participación activa de ésta y la mayor confianza posible en su iniciativa”, (Escarbajal 1992, 18).
Ahora bien, cuando “el individuo no está unido únicamente a una comunidad, sino que puede tener múltiples vínculos solapados” (Delanty 2006, 25), lo que está en juego es la cohesión social en función del grado de identidad y pertenencia que haya construido el individuo con un determinado sector poblacional para satisfacer sus demandas. Esta afirmación exige que se analice el contexto actual nortesantandereano para poner de relieve los vínculos de identidad y pertenencia establecidos por la población en las diversas comunidades del territorio, con la intención de examinar qué está incidiendo en la baja participación social, que en última instancia hace permisiva la situación del contrabando.
La solidaridad social:
Para abordar el tercer elemento de la cohesión social, el cual hace mención a la solidaridad social, se debe reflexionar sobre la premisa que el ser humano por naturaleza es un ser social, por tanto no vive al margen de las circunstancias, sino que vivencia las repercusiones positivas o negativas que el contexto le genere.
“las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales, el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas…El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones: se podría no solamente aislar una parte del todo sino las partes unas de otras; la dimensión económica, por ejemplo, está en inter- retroacciones permanentes con todas las otras dimensiones humanas; es más, la economía conlleva en sí, de manera holográmica: necesidades, deseos, pasiones humanas, que sobrepasan los meros intereses económicos.” (Morin 1999, 655).
Partiendo de lo anterior, para abordar el tema de la construcción de solidaridad social en el territorio del Norte de Santander, se visualiza el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “todos por un nuevo país” en donde se ubica el departamento en la región Centro oriente, integrándolo al desarrollo, a partir de la oferta de bienes y servicios diferenciadores para la región, lo cual deja ver parte de su realidad en la medida en que las otras regiones poseen mejores condiciones en infraestructura, transporte, educación, salud, empleo y en donde las dinámicas del conflicto armado y la violencia no han dejado marcas tan notorias como las han vivido sus pobladores.
Es justamente la realidad vivida, la que ha contribuido en los cambios desestructúrales que hacen que hoy existan algunas relaciones sociales anónimas, transitorias, marcadas por la desconfianza, en donde poco se establecen redes sociales y vínculos permanentes, que llevaron a la generación de una cultura con énfasis en lo individual como mecanismo de defensa y preservación, la cual es propicia para la realización del contrabando, el cual se traslapa en esta realidad de conflicto para justificar su existencia y fragmentar aún más la visión colectiva.
Como parte de la desmitificación del contrabando como forma de subsistencia y autoayuda de la población para hacerle frente a la crisis socio-económica se hace necesario citar a Calvachi quien afirma que no debe abordarse el contrabando como el delito aduanero por antonomasia
“sino más bien es necesario transparentar el análisis reconociendo que existe una enmarañada red de corrupción que contamina de manera no focalizada sino global a todos los estamentos concurrentes, aunque es necesario aclarar que no a todos los actores de dichos estamentos. Si bien corrupción y contrabando no son sinónimos comparten un convivir simultáneo; el uno alimenta al otro y el otro encuentra en aquel su vía de escape. Por otro lado, la administración de aduanas ha sido vista como un botín político en la que de manera soterrada aún se afirma se pagan por los cargos.” (Calvachi 2002, 1)
Además de la dominación y control del contrabando ejercido por los grupos al margen de la ley. Lo cual exige un papel decidido de la ciudadanía en la construcción de cohesión que le permitan construir participación, pertenencia y solidaridad.
Es por ello que los vínculos del grupo social como construcción colectiva permiten recrear diálogos con lo subjetivo, lo grupal, e incluso con las estructuras sociales, lo cual lleva a reflexionar sobre las múltiples realidades en que se interactúa dentro de un contexto complejo, en el cual el individuo es participe con sus acciones u omisiones las cuales le exigen un compromiso en función de un bien mutuo. “la solidaridad desde el punto de vista de la teoría social: se trata del sentido en que la solidaridad expresa un tipo de vínculo existente entre miembros de una sociedad o grupo social diferenciado” (Román 2010, 199)
La construcción de solidaridad social le exige al sujeto la desmitificación funcionalista de la sociedad moderna en la cual persiste el imaginario que “el bien común se entiende como el conjunto de individuos que, trabajando y actuando individualmente, esperan que sea el Estado el que asegure el bienestar social y el buen funcionamiento libre e igualitario de la nación.” (Garro y Carrica, 2013, p 141) ya que estas lógicas fragmentan la reciprocidad de las sociedades pasadas ya dan paso al individualismo que crea “identidades cerradas y autorreferenciales.” (Taylor citado por Garro, Carrica 2013, 141).
Estas claridades en relación a la fragmentación social deben constituirse en la base para plantear desde la solidaridad, acciones en procesos grupales, comunitarios y asociativos; espacios donde se refuercen valores de la persona dentro de una realidad actual que lo rodea para promover su cooperación y responsabilidad pública en una acción integradora dentro de un proceso de desarrollo.
La solidaridad realizada desde las bases forman los movimientos y redes sociales, que se unen desde las comunidades con la necesidad de fortalecer y reconocer las respuesta populares que le aporten al desarrollo “hay un sentido creciente que muchos de los movimientos de hoy pueden ser analizados por enfoques basados en teorías derivadas de estudiar la dinámica de los procesos naturales, especialmente la auto-organización”. (Escobar 2010, 280)
Las luchas de las comunidades a través del tiempo también se ha transformado “procurando moverse de lo micro a lo macro y desde la protesta a la propuesta” (Fals-Borda, 1998). Buscando alternativas de soluciones y alianzas horizontales para defender los planes de vidas comunitarias y así poder realizar incidencias políticas e inclusión social, llegando a trascender y realizar el apoyo, solidaridad y cooperación internacional.
“Las movilizaciones y las experiencias internacionales nos permiten ver el mundo de forma distinta […] Sin embargo, debe resaltarse que las acciones globales necesitan tener repercusiones locales en términos de cambiar políticas concretas. Esto se mantiene como un problema dentro de la organización global: la falta de articulación entre lo global y lo local. Muchos grupos ponen de su parte en la escena global, pero la retroalimentación local rara vez pasa. Los principales costos son todavía locales”. (Fals-Borda, 1998)
Emergiendo las redes sociales “las redes aparecen como elemento en un esfuerzo mayor en el desarrollo de la teoría social” (Fals-Borda, 1998); estas redes y algunos movimientos sociales no se sostienen ni se articulan solos, tienen un aporte técnico y financiero de los organismos internacionales que se involucran en el desarrollo de las regiones y país y pueden aportar a que estos individuos y grupos sociales sean creadores de su propia historia.
La solidaridad social exige: “El actuar solidario el cual conjuga: a). la limitación del interés propio con b) la consideración del interés ajeno, 2. la Solidaridad ciudadana, la cual está anclada en motivaciones surgidas de una conciencia reflexiva de la pertenencia, 3. Solidaridad democrática corresponde a la articulación de la igualdad con la diferencia a través del derecho”(Sierra 2013, 98), lo cual invita a la reflexión sobre los daños que genera el contrabando en el colectivo y la importancia asimilar como propios estos daños a y generar un rechazo que trascienda del actuar personal.
Acuerdo social:
Cuando se hace referencia al concepto de acuerdo, se genera una visión común sobre ideas u objetivos que se comparten por varios actores. Si se eleva el término a lo social se hace entonces referencia a un mayor número de actores que “Exteriorizado sus voluntades lleven a las partes a un consenso mayoritario para crear actos jurídicos con viabilidad para quienes los comparten” (boletín instituto derecho comparado, s/f, 84). Esto es, sin duda, una visión legal que se ve representada en la democracia, contribuyendo popularmente a la representatividad de las decisiones a través de personas y de visiones jurídicas. Sin embargo, el acuerdo social se genera en múltiples esferas de la cotidianidad, ya que es en la construcción colectiva de voluntades en donde se establecen relaciones culturales validadas por las costumbres, la moral y las creencias que se comparten y dan sentido al mundo de la vida.
En relación al contrabando es importante citar el proyecto de ley que busca sancionarlo, el cual recoge las apuestas culturales que se expresan en la cotidianidad del territorio Nortesantandereano, así como en sus medios de comunicación, cuando describen que uno de los motivos o causas del contrabando es la Cultura laxa frente a la ilegalidad en la cual se explica que
“en muchas regiones del país, los ciudadanos son permisivos y ven sin reproche social a quienes realizan las conductas perseguidas. Más aún, en algunas regiones, los ciudadanos ni siquiera tienen consciencia de la antijuridicidad de dichas conductas perseguidas e incluso las ven con buenos ojos y como simples formas legítimas de subsistencia. Esto es particularmente cierto en algunas regiones fronterizas del país, en las cuales, por razones históricas y culturales ha hecho carrera una cultura laxa frente a la ilegalidad que tolera la compra de productos tales como gasolina, aceites comestibles, confecciones, calzado, licores, cigarrillos, autopartes, cemento, electrodomésticos y productos alimenticios de la más diversa índole, por sólo mencionar algunos, que han ingresado al país o son comercializados por medio del contrabando o a través de mecanismos dirigidos a la evasión fiscal” (Cárdenas y Díaz, 2014, 4).
Esta postura es sustentada desde la visión cultural, lo cual debe ser desvirtuada desde esta misma. Es a través de un consenso colectivo en el cual se generen las posturas de rechazo al contrabando, que se empezarán a “ampliar nuestros intereses e imaginación, abrir nuevas perspectivas sobre las Fuentes de nuestro propio comportamiento y nos haremos conscientes de la existencia de escenarios culturales diferentes a los nuestros”(Giddens 2000, 43) Buscar articulación desde posturas decididas con el interior del país, tal como lo propone el plan de desarrollo nacional, cuestionar los dogmas existentes en instituciones sociales que ha n fomentado la herencia cultural y el hermetismo de un orden cíclico en el cual no es posible el cambio social, harán posible una cohesión social mayor que genere resistencia a los problemas que trae consigo el contrabando.
Valoración de la democracia:
Para este quinto elemento, se resaltaron desde Flores (2013) tres ejes: Cultura democrática, actitudes democráticas y antidemocráticas y la democracia y los derechos humanos. En relación al primer eje: la cultura democrática se resaltan tres dimensiones: a) el ejercicio de la ciudadanía activa; asignándole un rol importante al ciudadano en la construcción de lo público y en la corresponsabilidad por el logro del desarrollo b) la convivencia; al promover conductas que permitan prevenir la violencia y garantizar el respeto y dialogo entre las diferentes expresiones identitarias e ideológicas que subsisten al interior de la sociedad y c) la construcción de entornos seguros en los cuales no sólo se disminuya la victimización y se promueva el respeto de la norma sino que también se asuma la importancia del ejercicio de los derechos y la prevención de riesgos.
Los otros dos ejes se basan en : 2) actitudes democráticas y antidemocráticas: en donde se examinan tres valores y actitudes a) el apoyo a la democracia como forma de gobierno, b) la satisfacción con el desempeño de la democracia, c) el respaldo al sistema político(observatorio de la democracia 2011) y 3) la democracia y los derechos humanos.
Partiendo del concepto de cultura democrática, entendido como:
“una herramienta útil para promocionar conductas positivas en el ámbito privado (incluyendo familia, relaciones cercanas y defensa de derechos individuales) y para abordar el involucramiento de los ciudadanos en la resolución de situaciones comunitarias específicas (como generar ingresos, lograr soluciones viales, de servicios o de generación de espacio público, entre otras) que va perdiendo su fortaleza al alejarse de estas situaciones y adentrarse en la esfera pública” (Flores 2013, 5)
Lo anterior invita a la reflexión de la armonía del binomio individuo – sociedad que existen en todas las relaciones e interacciones humanas, en donde el individuo y la sociedad hacen parten de un contexto “La democracia permite la relación rica y compleja individuo - sociedad donde los individuos y la sociedad pueden entre sí ayudarse, desarrollarse, regularse y controlarse”, (Morin 1999, 66).
Siguiendo a Morín:
“la democracia se funda sobre el control del aparato del poder por los controlados y así reduce la esclavitud (que determina un poder que no sufre la autorregulación de aquellos que somete); en este sentido la democracia es, más que un régimen político, la regeneración continua de un bucle complejo y retroactivo: los ciudadanos producen la democracia que produce los ciudadanos”. (Morin 1999, 66)
A partir de este momento, los ideales revolucionarios proclamarán que el poder no puede estar legitimado sin la voluntad popular y que, por tanto, ningún poder es absoluto: su límite reside en los derechos de los ciudadanos.
En este orden, la democracia implica un alto sentido de pertenencia ciudadana, así como una madurez participativa fundamentada en una cohesión social. Con esta perspectiva “es importante captar valoraciones y percepciones de los individuos sobre el grado de solidaridad que la sociedad les brinda y, a su vez, sobre cómo definen su solidaridad con respecto de los otros” (CEPAL 2015, 40).
Por otro lado, en la construcción de entornos sanos:
“la seguridad se entiende como el resultado de unas interacciones sociales en las que priman el respeto de los derechos, las conductas responsables dentro de las restricciones (formales e informales) existentes y la corresponsabilidad para asegurar la libertad de los individuos y la adecuada acción de la fuerza pública en la regulación de su interacción”, (Flórez 2013)
Es por ello que los espacios y territorios se deben ver no solo como espacios físicos, sino desde una construcción colectiva:
“en estos bioespacios expresa y se palpa la vida colectiva en su cotidianidad: la relación territorio – población – servicios es fundamental y de allí depende mucho la convivencia, la prosperidad y la paz ciudadanas, y el gran manejo que se le da a los recursos financieros que se reciban”, (Fals Borda 2000, 45).
El Plan de Desarrollo Departamental y el plan departamental de Seguridad y Convivencia Ciudadana contemplan la legalidad y el fomento de la misma en la frontera nortesantandereana, de las acciones realizadas como aportes a combatir la ilegalidad se encuentra la ruta definida para la construcción de la estrategia de fortalecimiento de Cultura de la Legalidad, Convivencia Pacífica y Derechos Humanos, desarrollando visiones multidisciplinaria e invitando a la defensa de esta causa que involucra a los ciudadanos de esta zona desarrollando la incidencia y la discusiones desde abajo.
En ese orden, las actitudes democráticas y antidemocráticas colocan en relieve la siguiente reflexión, a saber, si la democracia moderna yace sobre un ideal humanista, ésta ha de construirse:
“sobre un conjunto complejo de instituciones que funcionan con precisión de reloj. No sólo interactúan, sino que dependen de las otras para funcionar. Entre esas instituciones, las elecciones se destacan como un método clave para seleccionar representantes, junto con los otros mecanismos de participación y consulta que proveen información vital acerca de preferencias y exigencias de los ciudadanos. Pero las elecciones no son suficientes. La democracia también depende de las instituciones estatales que son capaces de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos, y las instituciones capaces de hacer cumplir el Estado de derecho contra la voluntad de los poderosos, si es necesario”, (Botero, Hoskin y Pachon 2009, 4).
A estas alturas del texto cabe preguntarse, ¿qué tanto influye la valoración que de la democracia tienen los sujetos sobre la solidaridad, el sentido de pertenencia, la aceptación de normas de convivencia y el civismo, en su relación con la comunidad y la sociedad en su conjunto? En función de las “valoraciones y actitudes de los individuos relativas a la dinámica de los principales mecanismos de inclusión y exclusión social en la región”, se manifestarán unos determinados “comportamientos que favorecerán o dificultarán el logro de acuerdos sociales”, (Botero, Hoskin y Pachon, 2009, 4) en la región nortesantandereana.
En el capítulo “Cómo ven los latinoamericanos a su democracia” del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004), se afirma que la sustentabilidad de cualquier sistema democrático está fundamentada en:
“aceptación voluntaria por parte de los ciudadanos de las principales instituciones democráticas, de los procedimientos de renovación del poder político y de las formas de lograr acuerdos mediante ellos, es un componente importante de la cohesión social, porque refleja el acuerdo básico sobre los mecanismos que permiten alcanzar otros acuerdos (o pactos) en cuanto a las reglas aceptadas mayoritariamente, y que les otorgan legitimidad” (CEPAL 2007,102).
En Colombia los factores que inciden de forma positiva sobre las actitudes democráticas comprenden un “vínculo directo entre el ciudadano y el gobernante; una ideología y afinidad partidista; una evaluación del desempeño del gobierno; una evaluación de la economía; junto con unos rasgos económicos, (Rodríguez, Seligton 2011,52). Por otro lado, los factores que incidirán en una valoración negativa del sistema democrático colombiano, están relacionados con una “actitud en contra de la separación de poderes” y “una actitud negativa en contra de la oposición y minorías”, (Rodríguez, Seligton 2011,52).
Si “la democracia comienza con el ciudadano” (IDEA 2009, 37), la valoración que éste le otorgue a la democracia estará en función de los valores democráticos aprendidos.
En este orden de ideas, el vínculo entre democracia y derechos humanos se contempla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“La voluntad de un pueblo se basa de la autoridad del poder público, esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”
Esta relación tripartita existente entre ciudadanía, Derechos fundamentales, y Derechos Humanos: buscando un equilibrio entre los derechos ciudadanos y la política, esta última permeado por parte del clientelismo político, desde una necesidad exógena con megaproyectos prometiendo lo que no dan, agenda que viene acompañada de corrupción, ruptura de leyes existentes afectaciones reales, palpables, desarrollando un espiral de caída de la democracia.
Y, por último:
“La democratización profunda de la sociedad se acompaña de una ampliación del campo de la acción individual, lo que hace que los ciudadanos soliciten e interaccionen de una manera diferente con las instituciones. Si la presencia del individuo está lejos de ser una novedad radical en la región, su ausencia fue sin embargo evidente a nivel de las representaciones, a tal punto los actores sociales fueron pensados en el pasado casi exclusivamente desde consideraciones colectivas o políticas. En este sentido, el individuo es una idea nueva en América Latina que permite curiosamente reexaminar con otra mirada el pasado de nuestras sociedades a la vez que abre el reconocimiento de un conjunto de nuevas posibilidades de cohesión social sobre todo en el marco de la democracia.”, (Sorj y Martucelli 2008, 3).
Desinterés por la política
En Colombia, en octubre de 2011 fueron las elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados a las asambleas departamentales, concejales municipales juntas de administradores locales (ediles y juntas de acción comunal). Según datos de la Registraduría Nacional “Un total de 1.002.800 ciudadanos podrán votar en Norte de Santander para elegir 40 alcalde, 412 concejales, 13 Diputados a La Asamblea Departamental, 1 Gobernador y 112 ediles este domingo 30 de octubre en las elecciones de Autoridades Locales (Colombia, Registraduría Nacional del Estado Civil, 2011).
“Solo el 55.51% de los ciudadanos aptos para ejercer el derecho al voto, sufragaron en esas elecciones, equivalente a 556.773, de los cuales 291.389” (Colombia.com, 2011, en línea) eligieron el gobernador de Norte de Santander; para las elecciones presidenciales en el 2014 en segunda vuelta asistieron a las urnas 459.119 (Colombia.com. 2014 en línea) ciudadanos; estas cifras es una fotografía de la situación con que los Norte Santandereanos eligen sus representantes en medio de un ganador la abstinencia convirtiéndose en la mejor ganadora de las elecciones.
El desinterés en la política se ha adueñado de los ciudadanos como si perdieran el enriquecimiento que ofrece la vida pública, este desinterés se ha apropiado a través del tiempo y Álvaro Salom Becerra esboza parte de ese desinterés en su libro Al pueblo nunca le toca, donde:
“refleja la condición humana como una lucha incansable por hacer realidad esperanzas muchas veces utópicas, sobretodo poniendo la fe en dirigentes o grupos políticos que prometen el cambio positivo, pero a la vez, niegan el progreso. Se refleja la insignificancia de sujetos como Baltasar y Casiano, en asuntos del poder político. Ellos sólo son dos pequeñas fichas del rompecabezas político, representan dos votos para su partido, pero se les niega parte de lo que les corresponde como pueblo: dignidad, mejores condiciones de vida, toma democrática de decisiones” (Salom 1994, 99)
Este panorama se acrecienta cada día más en la realidad en donde incrementa las causas del desinterés de los ciudadanos y sobre todo en las nuevas generaciones por la participación política; una de las causas es la corrupción en toda Latinoamérica, las trashumancia de votos, los intereses particulares de los candidatos, entre otros;
“La trashumancia o “trasteo de votos” es una modalidad de fraude electoral que se presenta en numerosas zonas de la geografía nacional y que se decide por la vía administrativa por solicitudes de la ciudadanía que llegan al Consejo Nacional Electoral (CNE) y traen como consecuencia dejar sin efecto las inscripciones de quienes incurren en esta práctica ilícita” (Registraduría Nacional del estado civil. 2011).
En las elecciones de 2011 de Norte de Santander se han evidenciado casos de trasteos de votos “El delegado de Norte de Santander, Henry Peralta, explicó que debido a que en El Tarra y El Zulia se detectó un alto número de inscritos (390), se revisará la situación para evitar la trashumancia, o el trasteo de votos” (Gonzales, 2015); otro caso se refleja “en el municipio de la Esperanza en Norte de Santander, la diferencia de 42 votos entre el ganador a la alcaldía y el segundo, prendió las alarmas en la comunidad que asegura que en esa población limítrofe entre los santanderes hubo fraude”, (Caracol, 2011)
El trasteo o trashumancia tiene una connotación mayor en Norte de Santander por su ubicación geoestratégica, no solo se da al interior del departamental en movilidad interbarrial e intermunicipal sino también se da en zona fronteriza de lado y lado. Otro fraude que se da en las elecciones es con votos de los muertos,
“las cédulas de aquellos que fallecen, pero que no cumplen trámites administrativos, quedan circulando y son utilizadas en las votaciones. En un sufragio de circunscripción nacional, los muertos habilitados, representan y este es aún mayor en los locales: con na participación promedio del cincuenta por ciento del censo electoral, los muertos votantes pueden llegar a elegir ediles y concejales. El otro lado del problema está en las exigencias que presentan para las consultas populares y demás mecanismos de participación directa, pues la permanencia de ciudadanos fallecidos en el censo electoral hace que el umbral para su aprobación sea exigente” (Colombia Registraduría nacional del estado civil, 2011)
Frente al panorama expuesto anteriormente, los autores Carolina García y Luis Flores plantean que:
“la paradoja consiste en que, de una parte, la institucionalidad del sistema democrático sigue funcionando, pero desde la otra la condición de ciudadano y de cohesión e identidad social se debilita. Pese a que cada cierta cantidad de años se producen cambios y alternancias pacíficas de gobierno, a que las elecciones se siguen realizando periódicamente y las instituciones políticas funcionan en relación a las metas que fueron creadas, al mismo tiempo, el compromiso ciudadano se debilita”. (García, Flórez 2011, 335).
Ahora bien, se debe propender por el empoderamiento de la ciudadanía y la construcción de ciudadanos críticos, participativos, comprometidos que generen cohesión social con el sistema político.
Para finalizar
El contrabando es una temática difícil de afrontar por la diversidad de factores que la conforma, entre los cuales se aprecian visiones estructurales que conjugan las instituciones sociales determinantes como la economía, la ideológico o cultura y en ellas se complejizan los aspectos de corrupción pública que hacen que no exista una única forma de abordarla, sin embargo la presente postura desde los elementos de la cohesión social representan la oportunidad de incluir la base poblacional, como actores suficientes para dar el primer paso hacia la disminución del flagelo.
Es claro el trabajo de los entes territoriales para el impulso de la cohesión social desde la construcción de políticas incluyentes en donde se visualice la fragmentación social que genera el contrabando y la fuerza social que se requiere para hacerle frente. Debe ser una postura firme el abordaje del tema del contrabando como una visión problemática que encarna más que la visión cultural de comprar un producto de Venezuela como un beneficio personal.
El contrabando como delito debe ser visibilizado, se debe trabajar en la construcción de escenarios que lleven a su completa apreciación y deconstrucción cultural en la que sean debatidos por ejemplo las diferentes clases de contrabando como el
“1. contrabando documentado o técnico: Que ingresa disfrazado de mercancía legal por puertos y fronteras, (es el que reporta mayores ingresos); 2. Contrabando sin documentación […] que ingresa a través de mordidas o con autorización de nuestras autoridades; 3. Contrabando bronco o furtivo […] es cuando se introducen mercancías ilegales, por lugares no autorizados. 4. Contrabando de mercancías prohibidas por el gobierno al momento de la introducción” (Macedo, Santiago, Saraiba. s/f. p. 17).
Si se analiza el imaginario social existente y el cual se justifica mediante la visión de informalidad o subsistencia es denominado bronco o furtivo- el cual es igualmente destructivo para la región- pero es el que enmascara las otras modalidades y fortalece aún más las estructuras sociales de resistencia.
Referencias
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