Gubernamentalidad compartida: discursos sobre el sujeto de desarrollo en el valle del cauca 1981 – 1991
Edward Herrera & Diego Alejandro Lopez
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium / Colombia
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Edward Herrera Sanclemente. Candidato a Doctor en Filosofía, Universidad del Valle. Magíster en Filosofía y Psicólogo, Universidad del Valle. Profesional en Ciencias del Deporte, Universidad del Valle. Integrante del Grupo de Investigación Lumen Humanitas, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Correo: eherreras@unicatolica.edu.co
Diego Alejandro Lopez Gonzalez. Magíster en Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Psicólogo, Universidad del Valle. Integrante del Grupo de Investigación Lumen Humanitas, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Correo: dalopez@unicatolica.edu.co
Recibido: 26 de Marzo de 2019
Aprobado: 30 de Octubre de 2019
Referencia Recomendada: Herrera, E., & Lopez, D. (2019). Gubernamentabilidad compartida: discursos sobre el sujeto de desarrollo en el Valle del Cauca 1981- 1991. Revista de Psicología GEPU, 10 (2), 22-54.
Resumen: El estudio realizado discutió sobre las formas de gobierno y los discursos gubernamentales sobre el desarrollo en el Valle del Cauca a finales de los años 80 y principios de los 90. Esta labor demandó la revisión de conceptos clave como gubernamentalidad y biopolítica, para luego rastrear en archivos tales como periódicos, proyectos de ley, planes de desarrollo, intervenciones sociales, legislación de la época y demás documentos una posible historia política de la época. En este sentido, las categorías identificadas en la pesquisa fueron sujetos del desarrollo y administración del desarrollo, con las cuales pudo establecerse diálogo con hechos como la implementación de una institucionalidad gremial, cuyo gobierno se ejerció desde el sector empresarial fomentando además planes de desarrollo y vinculando a la comunidad como actor de vigilancia y validación de las estrategias. Una de las conclusiones lleva a pensar en la constitución de unos sujetos neoliberales, el cual ubica su accionar dentro de esta sociedad en la medida que deben cultivarse a sí mismos como empresarios y administradores en tanto la sociedad globalizada lo exige para poder garantizarse una buena vida en el tiempo que vendría.
Palabras clave: Gubernamentalidad, desarrollo, políticas, biopolítica, sujeto de desarrollo, discurso.
Abstract: This paper concerns “ways” of governmentality and government speeches about development in Valle del Cauca’s region from the 80's to early 90’s. This work asked for the review of concepts such as governmentality and biopolitics, and after that look for archives like newspapers, law projects, development plains, social interventions and laws from that time. In order that the analysis categories identified where subjects of development and development management, being useful to make a dialogue with facts like the implementation of a gremial institutionality throughout a way of government made by entrepreneurs in a business context, who integrate the community in order to make an stronger strategie for taking part and oversee the politics. Finally, this analysis comes to think in the contribution of a notion like neoliberal subjects who must build themselves as entrepreneurs and managers to guarantee a good life in the global future scenario in the post 90’s age.
Keywords: Governmentality, development, politics, biopolitics, subjects of development, speeches.
Introducción
El análisis de las formas de gobierno en Colombia es un campo que viene generando reflexión en las últimas décadas desde diferentes ámbitos, la historia, sociología, filosofía, psicología, pedagogía y demás. Los debates en torno a esta cuestión han evidenciado la posibilidad de comprender mediante una mirada genealógica fundamentos por los que instituyen normas, técnicas, saberes y mecanismos de regulación que terminan haciendo parte de la cotidianidad de las personas. En dicho sentido, el presente escrito ha sido enfocado en presentar un análisis de los discursos sobre el desarrollo en el Valle del Cauca durante los años ochenta y principios de la década de los noventa, teniendo en cuenta los conceptos de gubernamentalidad y biopolítica propuestos por el filósofo francés Michael Foucault.
Como actividades complementarias para el desarrollo de esta pesquisa, se elaboró un análisis histórico relacionado con el ejercicio político y de soberanía en la región, puntualmente, al inicio de los años noventa. De esta manera, fue necesario revisar algunos conceptos concernientes a la noción de biopolítica, de manera que, posteriormente, se pudieran rastrear relatos históricos a la luz tanto de este concepto, como el de gubernamentalidad. Por lo tanto, el proceso consideró como fuentes documentales archivos tales como: diarios y publicaciones de prensa, actos legislativos, informes de organizaciones y ordenanzas.
Como herramienta de análisis se utilizó el método genealógico, dejando como resultado dos categorías generales que corresponden a discursos sobre el sujeto de desarrollo y la administración del desarrollo. En dichos temas, se resalta la importancia de reestructurar mecanismos administrativos y políticos que fomenten un sujeto autónomo del desarrollo, acorde a los nuevos principios introducidos por el modelo neoliberal en distintos ámbitos de la vida cotidiana vallecaucana. Sin embargo, dicha restructuración administrativa, política y social no estará a cargo sólo por las instituciones de gobierno departamental, sino que será compartida con los aparatos gremiales construidos por el empresariado privado, puesto que estos tendrán un importante papel en guiar la constitución del sujeto de desarrollo en la región del Valle del Cauca.
Referentes teoricos
La Gubernamentalidad
Sobre esta noción, Foucault afirma que el Estado moderno se erige a partir de un modelo de poder denominado “gubernamentalización” el cual consiste en el conjunto de saberes, estrategias, instituciones e instrumentos desarrollados ejercer un poder sobre la población (1999, p, 195). Ésta es su meta principal, para ello ubica en la economía política instrumentos y técnicas para su administración como dispositivos de seguridad, con lo cual, se han creado aparatos de gobierno y saberes. El ejercicio de la soberanía y la disciplina, por ende, son categorías que subyacen en el Estado gubernamental (1999, p. 195).
De acuerdo con Foucault, el Estado moderno no gobierna por medio de leyes situadas dentro del derecho canónico, pues, lo hace por medio de sus propias leyes configuradas por el pensamiento racional, implicando la naturalización de sus prácticas y formas de gobierno. No obstante, sus fundamentos estaban guiados a través de un modelo familiar que consistía en que el Estado era representado como un proveedor y facilitador de un bienestar. La diferencia en este modo de gobernar es que el Estado abolió el modelo de la familia y, más bien, la posiciona como un mecanismo para obtener datos orientados a la observación y reflexión acerca de cómo ejercer un gobierno racional a una población (Foucault, 1999, p. 192). En este orden de ideas, el Estado, más allá de administrar tanto los recursos económicos y el uso de la fuerza, se transforma en ente que administra poblaciones (Guerrero, 2010). Foucault plantea que el fin de esta forma de Estado es la población, dado que su objetivo más que gobernar, es optimizar el destino de los ciudadanos (población) sea transformando el sistema económico o mejorando las condiciones de vida. De igual manera, asume la generación de herramientas gubernamentales para llevar a cabo sus fines, sean estos controlar o vigilar (Foucault, 1999, p. 192)
De acuerdo con el pensador francés, la relación entre soberanía, disciplina y la gestión gubernamental con los mecanismos de seguridad son un esquema característico de administración de población, por tanto, dicha manera de ejercer el poder está arraigada en los Estados Nación (Foucault, 1999, p. 194). La gubernamentalidad, por tanto, es la conformación del Estado partiendo del gobierno, economía política y población (Foucault, 1999, p. 194).
En concordancia con esto, Castro-Gómez (2010, p. 45), sostiene que la gubernamentalidad está asociada con una “analítica”, que intenta evidenciar el modo en que el Estado opera a partir de “una multiplicidad de prácticas dotadas de racionalidades particulares” (Castro-Gómez, 2010, p.45). En otras palabras, la gubernamentalidad es un conjunto de diversos acontecimientos reflejados en conocimientos, prácticas y herramientas sociales entretejen redes de control social, y poder que canaliza dispositivos y tecnologías generadas desde prácticas gubernamentales.
En resumen, para Castro-Gómez (2010), el estudio de la gubernamentalidad es comprender, desde una genealogía del poder, maneras de evidenciar la trama social que ha sido configurada de un conjunto de procedimientos de estatalización (Castro-Gómez, 2010, p. 2010) que emergieron como “prácticas, racionalidades y tecnologías de gobierno” en determinado periodo de tiempo (Castro-Gómez, 2010, p. 2010:46). Boticelli por su parte plantea que la gubernamentalidad es un concepto bisagra que integra relaciones entre poder, saber y procesos de subjetivación, o sea, tanto los discursos de conocimiento, como los aspectos políticos y los modos de relacionarse con sí mismo, son elementos importantes para rastrear las articulaciones entre procesos gubernamentales, particularmente, hallar en estas formas gobernar el fundamento político que las determina, es decir, las dinámicas del saber-poder (Boticelli, 2016, p. 89)
Ahora bien, respecto al concepto de desarrollo, según Escobar (2005), surgió posterior a la segunda guerra mundial, llevando a cabo estrategias de asesoría y acompañamiento de expertos en diversos temas en Latinoamérica. Fueron así enviados de instituciones como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, o el Fondo de las Naciones Unidas. El autor citado dice que había dos mecanismos que han operado en la conformación del concepto de desarrollo: En primer lugar, una profesionalización de las cuestiones del desarrollo que concierne a saberes disciplinares en los que se ha fundamentado dicha concepción. En segundo lugar, aparece un desarrollo institucional que está relacionado con organismos facilitadores cuya función era vincular saberes y prácticas (Escobar, 2005). Este proceso en Colombia estuvo reflejado en misiones de desarrollo, desde las cuales la intervención estuvo enfocada en el fortalecimiento de la salud, agricultura, finanzas, economía, banca, industria, energía, petróleo, transporte y servicios comunales (Escobar, 1968).
De acuerdo con lo dicho, la comprensión de la gubernamentalidad se relaciona con visibilizar y diagnosticar y problematizar elementos constitutivos de las prácticas de gobierno que enmarcan relaciones de poder. Así, es pertinente ampliar la base conceptual y entender de qué manera el poder gubernamental canaliza, transforma y modifica a los hombres en tanto son seres sociales, biológicos y políticos. Por tal razón, se realizará una pesquisa del concepto de biopolítica que facilite una mirada de integración de la economía, gobierno, poder y demás cuestiones.
La Categorización de la Biopolítica.
El concepto de biopolítica puede hallarse en algunos apartados de la obra de Michel Foucault, así como también en otras referencias previas al pensador francés. En tal sentido, se identifica una tendencia de trabajo que enmarca esta noción bajo una perspectiva “biológica” y organicista. En dicho contexto aparece la referencia a Rudolf Kjellén quien habría sido uno de los primeros en emplear el término “biopolítica” (Lemke, 2010) (Esposito, 2011). De acuerdo con esto, para entender el Estado como una forma viviente hay que reconocer la existencia de grupos sociales que luchan por su existencia, al mismo tiempo que cooperan entre sí en un proceso dinámico que movilizan la dinámica estatal (Wallenstein, 2013).
En otro marco de referencia, Foucault llama biopolítica a tanto unos procesos como mecanismos que vinculan saberes y modos de ejercicio del gobierno sobre individuos al mismo tiempo que es aplicado al hombre como especie (Foucault, 2000). En este contexto, en el que aparece la cuestión del gobierno como un elemento de transformación en referencia al concepto clásico de soberanía en el cual, la vida entra a hacer parte de su dominio y presenta un trasfondo importante para pensar el ejercicio del poder (Foucault, 2000).
La cuestión clásica de la soberanía implica rastrear algunas nociones, por ejemplo, el contractualismo. En esta referencia, el hombre posee una naturaleza que lo moviliza a defender su propia vida, por tanto, debe garantizar los medios para subsistir. No obstante, para lograr este fin, entra en conflicto con otros semejantes encontrando en causas como la discordia, competencia, desconfianza y la búsqueda de gloria las posibilidades de desarrollar una guerra (Hobbes, 1987: 102). El individuo encuentra en esto una oposición para ejercer un derecho; derecho que por ser natural lo habilita con la libertad para buscar la conservación de su vida, por lo cual, hace uso de los recursos que considere estableciendo una ausencia de impedimentos para regular las acciones que desee hacer (Hobbes, 1987:106). Esta noción clásica de la soberanía aparece, pues, marcada por la capacidad del soberano para disuadir a los hombres que ejerzan esta libertad de disponer de la vida de los otros para conservar la propia, utiliza la coerción y la capacidad de matar en tanto puede hacer morir y dejar vivir (Foucault, 1991:167).
Para Foucault, en este punto, surge una manera de pensar la relación del soberano con el súbdito pasando de hacer morir y dejar vivir a hacer vivir y dejar morir. La biopolítica es, por ende, una manera de problematizar el modo de gobernar, en tanto, existe una noción que vincula al ciudadano a un sistema que regula, administra, potencia y canaliza las fuerzas productivas a un nivel en el que para ejercer el poder ya no hace necesario el castigo directo, sino, más bien, opta por convertirlo en un agente de su propio cuidado de sí. La escuela, empresas, hospitales, el sistema financiero y otros, llegan a ser escenarios en los que va a desenvolverse y, aunque el Estado es despojado de sus obligaciones de protección, tal y como sucede en un Estado de Bienestar, va a acompañar el desarrollo de estas políticas como colocando intermediarios ante los que el sujeto va a posicionarse.
La posibilidad de abordar el problema de la relación entre los seres humanos en tanto seres vivos ha sido un asunto de disciplinas como la economía política (Lazzarato, 2000). La disposición de espacios arquitectónicos, recursos naturales, estadísticas, escenarios de trabajo, comercio, densidad poblacional, etc., hacen parte de este saber que los organiza sobre un complejo campo en el que se ponen en juego como un modo de ejercer el gobierno. Incluso, cuestiones subjetivas como las relaciones sociales entran en esta red de coordinación, presentándose en vínculos como maestro alumno, patrón-trabajador, hombre – mujer, médico - enfermo entran a hacer parte de esta política que reemplaza el derecho soberano de hacer morir (Foucault, 1991: 169).
De acuerdo con Foucault (1991), la biopolítica permitió expandir las fuerzas productivas en la medida que las técnicas de gobierno implementadas permitieron operar como factores de segregación y jerarquización social. Se incidió, de este modo, en establecer relaciones de dominación a través de instituciones como la familia, el ejército, la escuela, la medicina, entre otros. Esto refleja de manera histórica el modo en que entra la vida en la historia, tal y como se muestra con el campo de la anatomía comparada de George Cuvier en la medida que aparece una comprensión del funcionamiento orgánico y las reacciones del cuerpo y, del mismo modo, es necesario entender la incursión de la teoría de la evolución cuando emerge la importancia del medio ambiente y las habilidades de los individuos para sobrevivir en éste. En consecuencia, la economía política articula este contexto y pone en evidencia un sujeto histórico: la población, integrando los saberes biológicos acerca de la vida y la política (Pavesi, s.f).
Con dicha integración se comienza a lograr una meta; construir un proyecto de ortopedia social regulando la inserción de los cuerpos en el aparato productivo mediante el acople poblacional al sistema de producción económica (Sibilia, 2006). La vida, pues, entra en el centro de los cálculos políticos en tanto es potenciada para fines productivos, sin embargo, a lo que se acude en la modernidad, es a la politización de la vida natural, vida que desde la oposición entre aquella que establece un uso del lenguaje –Bios- aparece excluida en el escenario moderno (Agamben, 2010).
De acuerdo con Agamben (2010), en el mundo antiguo la vida natural o también llamada Zoé estaba excluida a la función reproductiva. Solamente el ser humano, como poseedor de un Logos, estaba facultado para ejercer la política. No obstante, con el surgimiento de la biopolítica, el hombre, al poseer sus facultades lingüísticas, opone la vida natural estableciendo con ésta una relación exclusiva, pero al mismo tiempo en tanto hace política a través de estos recursos, entonces, también la incluye. Es decir, establece una relación de exclusión inclusiva (Agamben, 2010). La vida, en dicho sentido, es pensada desde un espacio en el que existe una indiferencia entre aquello que la incluye en su forma natural, pero al mismo tiempo la relega. A pesar de esto, aparece en Agamben una posibilidad de pensar la vida de modo que trascienda el horizonte de la biopolítica, esto es una forma de vida (Quintana, 2006).
En este orden de ideas, hay que reconocer en el ser humano un potencial para tomar distancia de los modos de ejercer el poder que han sido instaurados en la sociedad de modo que pueda generar una capacidad para elaborar modos de vida (Quintana, 2006). Por ende, los actos humanos son concebidos como una posibilidad de transformación y no como hechos aislados carentes de influencia alguna sobre la vida. De acuerdo con Quintana (2006), esta noción de forma de vida brinda una visión en la que los actos humanos cobran importancia en el contexto político y, en ese caso, el vínculo con ésta no es dado solamente en términos de la influencia del poder. Más bien, en lugar de dejarse atrapar por el entramado biopolítico, los seres humanos entran en relación con el mundo al entablar relaciones entre sí, esto, por demás, contribuye a forjar una potencia en común en tanto existe una idea de comunidad que facilita un lugar a la vida sin estar eminentemente excluida de lo político (Quintana, 2006).
Metodos y tecnicas de recolección de información
La metodología estuvo enmarcada en el enfoque cualitativo por medio de análisis de documentos históricos. En este sentido, se eligieron documentos para luego hacer una depuración de los mismos. De acuerdo a la relevancia histórica y las evidencias que presenten los discursos encaminados a mostrar una visión del desarrollo, los archivos podrán ser tenidos como base de sistematización. Además, estos documentos de archivo son el material empírico con la pretensión de asumir la premisa Foucaultiana de convertir “los documentos en monumentos” (Betancourt, 2006). Por tal razón, el proceso investigativo contempló la construcción conceptual e histórica de cómo algunas disposiciones políticas fueron implementadas en Colombia en el final de la década de los 80 y primeros años de los 90.
Tomando como referencia lo anterior, los documentos, en dicho sentido, fueron recogidos a través de acciones desde dentro de los mismos que implican elaboración y recorte de la información (Betancourt, 2006). De tal modo, fue necesario indagar por las transformaciones epistemológicas que dan cuenta de un lenguaje particular que representa una indagación genealógica, por tanto, además de la meticulosidad y paciencia para el estudio de los archivos, también se requirió captar en el archivo aquello que pasa desapercibido por la historia; la conciencia, sentimientos, etc., (Foucault, 1988).
Los documentos analizados hacen parte de bibliografía jurídico-administrativa, con lo cual, se pretendió dar cuenta de cambios producidos en las políticas desarrolladas en la época. Por lo tanto, se hizo una revisión de archivos de los años 90, los cuales, tenían los siguientes requerimientos:
Archivos periodísticos: Relatos hechos por reporteros u otra clase de autor, cuya obra se encuentra plasmada en los diarios o revistas.
Planes de gobierno: Documentos de base con los que inicia un periodo de gobierno. Hacen parte aquí los objetivos, las prioridades, las intenciones políticas por privilegiar algún sector de la sociedad o la economía, entre otros.
Proyectos de intervención social: Son propuestas presentadas por organizaciones estatales y no estatales, con el fin de dar cumplimiento a los planes de gobierno.
Resultados
A continuación, se presentan los resultados producto de la sistematización de documentos en la cual pueden destacarse tres nodos temáticos generales que, a su vez, vinculan otros temas importantes en la comprensión de los discursos gubernamentales. En tal sentido, han sido resumidos en los ejes temáticos “Sujeto del Desarrollo”, “Administración del Desarrollo” y “Subjetividad y Desarrollo”. Tales nodos están vinculados, por ejemplo, en el caso de Sujeto del Desarrollo, la constitución temática la componen planes de desarrollo del Valle del Cauca y nociones como la “individualidad”, “autonomía”, “autorresponsabilidad”, “Autogestión” y la intervención del “sector privado”, entre otros. De esta manera, es importante señalar que emerge una particularidad en cuanto al posicionamiento del sujeto dentro de esta dinámica gubernamental: un énfasis sobre el “auto” como una regla que conlleva a la regulación de sí frente al sistema económico que lo gobierna.
Al revisar el nodo Administración de Desarrollo, surgen elaboraciones como “Administración de Recursos Naturales”, “Administradores Públicos”, Administración de la Familia” y entidades como la Alcaldía y Gobernación siendo parte de los mecanismos institucionales que elaboran y ejecutan políticas de desarrollo gubernamental. Es importante el énfasis hallado en la mirada administrativa como una manera de despliegue de funciones a otros ámbitos que si bien ya eran objeto de los temas de gobierno, aparece un llamado a dotar los mecanismos y políticas de manera que la administración de estos espacios sea una realidad. La vida, como objeto de la biopolítica, es atravesada por mecanismos más específicos en la medida que es necesario conservar el medio ambiente, la familia y demás como equilibrio del hombre que gestiona su propia economía.
En el caso de la Subjetividad y el Desarrollo Social, se han vinculado nodos como “Desarrollo Organizativo”, “Desarrollo Rural”, “Desarrollo Comunitario”, “Desarrollo Municipal”, los cuales, a su vez, han sido enlazados con nociones tales como “Identidad Cultural”, “Identidades”, “Individualismo”, “Autogestión”, “Autorresponsabilidad” y demás. Este enlace corresponde a la necesidad de pensar en las relaciones existentes entre la noción de desarrollo con una idea de sujeto, la cual, es promovida por un cuestionamiento y a la vez sujeción; sujeción entablada por hilos invisibles que incursionan en la conciencia para hacer que este sujeto interiorice las ideas del desarrollo como una necesidad de vida.
La categoría “Subjetividad y Desarrollo”, emerge en la pesquisa en la medida que está asociada con otros nodos temáticos tales como “pobreza”, “identidad”, “Autorresponsabilidad”, “Autonomía Individual”, “Autogestión”, “Desarrollo Comunitario”, entre otros. Estos temas mencionados son los que han sido señalados como aquellos cuya relación con el núcleo temático representa una relevancia en tanto logra dar contenido a la categoría.
Esta red semántica hace referencia al tema de “Administración del Desarrollo”. Esta cuestión, a su vez, está relacionada con la aplicación de principios gubernamentales vinculados a escenarios y mecanismos específicos. Por tanto, surgen contextos como hogares infantiles, alcaldías municipales, gobernación, recursos naturales, administración municipal y juntas administradoras locales. Así las cosas, esta red evidencia la constitución de modos de gobernar que de algún modo puede sintetizarse en una idea de desarrollo enunciada en la época y entre sus características principales era la vinculación a un modelo económico neoliberal.
Análisis
Planificando el sujeto de desarrollo: el Plan Valle 2000
En el año 1983, el departamento administrativo de planeación de la gobernación del Valle del Cauca, bajo la batuta de la gobernadora Doris Eder Zambrano; hace público un documento que se denominó: “PLAN VALLE 2000”, cuyo contenido tiene como premisa, la de planificar el proceso de desarrollo departamental durante veinte años, es decir, desde 1983 hasta el 2003.
Dicho documento contiene estudios que manifiestan el nivel de desarrollo social y económico de la población en la región del Valle del Cauca a inicios de los años ochenta, cuyos datos justifican los propósitos de aplicar políticas centradas en elevar el nivel de bienestar social o calidad de vida de la población del departamento a partir de incrementar la disponibilidad de bienes y servicios durante 20 años.
Para llevar a cabo estos propósitos, se previó un plan para satisfacer necesidades sociales que consisten en brindar educación, salud, vivienda y seguridad a la población vallecaucana, a través de la construcción de estrategias encaminadas en la generación y redistribución de la riqueza por medio del aumento de la fuerza de trabajo manifestado en el término “generación del empleo”. (Departamento Administrativo de Planeación Valle, 1983)
Si bien es cierto que dentro del Plan Valle 2000, sus objetivos se dirigen a la población en general del Valle del Cauca, las tácticas mencionadas anteriormente están planteadas a la intervención de un sector de la población en el que será el foco de atención dentro de las prácticas de gobierno, no sólo en el territorio del Valle del Cauca, sino en el ámbito de los planes nacionales de desarrollo durante los años ochenta e inicios de los noventa. En este caso, dentro de esta política departamental, se plantea aplicar, en su mayor expresión, a la intervención de los denominados “necesitados”:
“[...] Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza, por medio de una adecuada política de gasto social orientada hacia los estratos más necesitados de la población y de una mayor utilización de la mano de obra en el proceso productivo [...]” (Departamento Administrativo de Planeación Valle, 1983: pág, 15)
En esta medida, se identifica como primer elemento de análisis, el uso del concepto de “necesidad” como una forma discursiva que indica un objeto al cual debe priorizarse dentro de los procesos de implementación de políticas de desarrollo. Así mismo, dicho concepto está ligado a prácticas de gobierno sustentadas en una condición manifiesta denominada la seguridad social, planteada en el informe del programa de inversiones públicas de la administración departamental del Valle del Cauca 1982-1983:
“La seguridad social es un indicador del grado de desarrollo de un país, en el sentido de que sus asociados tengan o no satisfechas sus necesidades básicas. La insatisfacción de tales necesidades genera inseguridad social que se manifiesta en fenómenos tales como altos índices de prevalencia de mortalidad infantil, desnutrición, desempleo, prostitución, criminalidad, etc.” (Departamento Administrativo de Planeación Valle, 1982: pág, 91)
De acuerdo con lo anterior, abordar a los necesitados tiene que ver con cubrir necesidades básicas, cuya denominación manifiesta el mantenimiento poblacional en términos de salud, educación, recursos económicos, vivienda y proveer bienes de consumo, que darían cuenta, de manera objetiva, las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra una población. En este caso, lo llamativo de este punto es la conexión que se visibiliza entre el concepto de seguridad y el de necesidad. Precisamente, estos dos términos se vinculan con el fin de delimitar de manera técnica, a una población en términos de aquellos que están en una situación de satisfacer necesidades sociales y económicas, en contraste con aquellos que ya lo han hecho.
Así mismo, en el informe anterior, se plantea el papel que desempeña la instancia gubernamental de manejar las acciones de la seguridad social en el departamento del Valle del Cauca:
“[...] Por otra parte, La secretaria de Gobierno Departamental es la encargada de realizar la coordinación de las acciones relacionadas con el orden público para lo cual cuenta con los organismos de seguridad del Estado del nivel nacional y regional. (Departamento Administrativo de Planeación Valle, S.F., pág, 91)
En esta medida, las necesidades sociales al entrar dentro del espectro de la seguridad social, es un indicativo de la puesta en marcha de una formación discursiva que se va a poner en práctica tanto en los estamentos ejecutivos y legislativos a nivel nacional, departamental como municipal a través del concepto de orden público.
Así pues, tenemos como segundo elemento, la idea de que los planes de desarrollo transportan modelos de comprensión de una realidad poblacional asociada a personas que se encuentren en la búsqueda de necesidades de seguridad, en este caso, esta categoría se encuentra mimetizada debido a que los términos de necesidades básicas o sociales y seguridad social, se conjugan para denotar una postura o intención gubernamental, de promover en los “necesitados” un proceso de subjetivación que orbite alrededor de la exigencia de un orden social sustentada en la seguridad.
Por ejemplo, como antecedente de estas prácticas de gobierno que empieza a evidenciar lo anterior, está la publicación de la ordenanza N° 06-A de junio 16 1980 promovida por la asamblea departamental del Valle del Cauca, en el cual se aprueba el “PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” para el periodo 1980-1982.
Dentro de este documento, se resalta la consideración de “Que las prioridades en la satisfacción de necesidades de la Comunidad, deben responder a una racional utilización de los recursos, contenida en un Plan Regional de Desarrollo [...]” (Gobernación del Valle del Cauca, 1980 pág, 59); resaltado en el artículo 2° los puntos centrales del Plan de Desarrollo, cuyo eje principal son los planes de desarrollo económico, agrupando temas de importancia para ese momento, como por ejemplo plantear estrategias de industrialización, realizar estudios energéticos, abordar el desarrollo agrario y realizar anotaciones sobre el puerto de Buenaventura. Así mismo, se menciona prioridades en el desarrollo de infraestructura, vivienda, categorización de suelos, municipios y la expansión urbana. En tanto que en el aspecto del desarrollo social, se postula como temas de importancia para este plan la Salud, Educación, Recreación y la Seguridad (Ibid, pág. 60)
Siguiendo con las anteriores ideas, las necesidades comunitarias o de la población en el Valle del Cauca, se encauzan de acuerdo con los propósitos que el gobierno departamental estructura dentro de los planes de desarrollo, y se activan a partir de los instrumentos de legalización política que lleva a cabo la asamblea departamental del Valle del Cauca. En este punto, se visibiliza la intención gubernamental de generar en su población una necesidad de promocionar un pensamiento práctico en el racionamiento de los recursos que dispone el departamento (económico, social, espacial, material y natural).
Dicha necesidad gubernamental, motivada inicialmente por la crisis financiera presentada a inicios de los años ochenta a nivel nacional e internacional , dio pie para que las políticas de desarrollo social tuvieran como factor de importancia a la seguridad anclada en formas de mantenimiento poblacional manifestadas en dispositivos disciplinarios básicos como lo son el sistema de salud, el educativo y uno que emerge como relevante en la placa de la sociedad vallecaucana, la recreación.
Así pues, el concepto de recreación se enmarca en fomentar una motivación, un interés, una intención o una voluntad en los denominados “necesitados”, puesto que este aspecto, es un factor dinámico que vincula tanto el mantenimiento de la salud de la población, como la de educar a los individuos en sus fortalezas físicas y mentales que propician la calidad de vida o el bienestar social.
En este caso, retomando al Plan Valle 2000 (1983), este incorpora los anteriores elementos expuestos por el decreto mencionado, con la salvedad de que se presentan dos temas asociados al concepto de bienestar social, tales como la nutrición y la vivienda:
“[...] Elevar el nivel de bienestar social o la calidad de vida de la población mediante la asignación de recursos para satisfacer el conjunto de necesidades básicas de la población entendidas estas como la nutrición y la salud, la educación, la vivienda, la recreación y la seguridad ciudadana [...]” (pág, 14-15)
En este caso, el concepto de nutrición tiene que ver con prácticas dietarias y el uso de alimentos que beneficien o desmejoran la salud corporal de los sujetos. Por otro lado, el concepto de vivienda representa los aspectos habitacionales que la población de un país, un departamento, una ciudad o un municipio pueden adquirir para habitar un espacio social concreto.
Si tenemos en cuenta lo anterior, encontramos que los temas de nutrición, recreación y vivienda son vinculantes a la categoría de salud, puesto que pueden ser comprendidos como elementos significantes asociadas al concepto de cuerpo, es decir, aquellos términos representan prácticas y concepciones que están ligadas al mantenimiento corporal de los individuos, ejerciendo una supervisión en las dinámicas alimentarias, la actividad física y los procesos de reproducción poblacional (hábitat).
Ahora bien, la supervisión del cuerpo como parte de una política de desarrollo, está precisamente ligada al concepto de seguridad, puesto que este término denota prácticas de vigilancia, control, evaluaciones y rendimiento sustentados en observar niveles, grados, fórmulas que indiquen aumentos y disminuciones sobre la satisfacción social de los denominados “necesitados”. Sin embargo, como hemos señalado en párrafos anteriores, hay que tener en cuenta que la seguridad es un discurso que encubre una necesidad gubernamental, que si bien, en primera instancia, se presenta a partir del concepto de bienestar, cuyo término se sitúa como el eje central que justifica la planificación de políticas de desarrollo, puesto que este tiene un trasfondo que permite que el discurso de la seguridad en los planes de desarrollo se convierta en una necesidad para la población.
En consecuencia, se presenta como tercer elemento de análisis el concepto de bienestar, dado que este es usado como un portal ideológico que permite a los sujetos apropiarse de la necesidad de seguridad publicitada en la idea de que los planes desarrollo contienen las claves para llevar a cabo la concretud de las satisfacciones corporales, materiales, sociales, políticas, educacionales requeridas por una población. En este caso, dentro del Plan Valle de 2000 se manifiestan las siguientes ideas:
“El reconocimiento del hombre como objeto y sujeto de desarrollo. En otras palabras, se acepta que un adecuado ritmo de crecimiento económico y prosperidad material sólo es posible en la medida en que se desarrolle una política social orientada a mejorar sustancialmente los niveles de vida de la población vallecaucana” (Departamento Administrativo de Planeación Valle, 1983, p.15)
El anterior fragmento indica que las políticas de desarrollo en el Valle del Cauca se sitúan en un ámbito paradigmático donde el bienestar de las personas y su reconocimiento como hombres o sujetos de desarrollo, depende de que estos se apropien de todo un programa de cumplimiento de estándares de calidad poblacional, requerido para el crecimiento económico, es decir para la generación de capital:
“Se parte entonces de la premisa fundamental de que el capital humano de una determinada sociedad es igual a o quizás más importante que el capital físico en el logro de metas de crecimiento económico y bienestar social. En esta perspectiva, los gastos del gobierno en nutrición y salud, educación, vivienda, recreación y seguridad dejan de justificarse por razones puramente redistributivas y adquieren el carácter de inversiones básicas, ya que ellos se constituyen en los factores determinantes de la productividad de la mano de obra y del capital, es decir, de la eficiencia productividad total de la población” (Departamento Administrativo de Planeación Valle 1983, p. 16)
En síntesis, el discurso gubernamental centrado en la necesidad de la seguridad en el Valle del Cauca, devela un cuarto elemento, y es que los planes de desarrollo son en sí, programas de securitización poblacional, sustentados en prácticas administrativas propios de los paradigmas empresariales. Por eso, el concepto de seguridad fomentado en los planes de desarrollo como un factor de bienestar equiparable a la salud, la educación, la recreación, la nutrición o a todo lo relacionado con el mantenimiento de la vida, demuestra que el discurso gubernamental sobre la población es basado en una mirada corporativista, motivada por la necesidad de que los sujetos transiten, de manera autónoma e individual, por el proceso de ser reconocidos como sujetos de desarrollo idóneos en proveer la mano de obra necesaria para generar dividendos económicos requeridos para el sostenimiento de la gubernamentalidad, tanto departamental como nacional.
Por otro lado, el concepto de capital humano referido a la producción de sujetos del desarrollo, se perfila como un quinto elemento a tener en cuenta, ya que la necesidad de seguridad del gobierno departamental del Valle, está enlazada con preservar la producción y consumo económico regional, por lo que es necesario poner en práctica parámetros especializados otorgados por conocimientos técnicos que sean útiles en la transformación de la población, sobre todo aquella que se encuentra identificada como los “necesitados”, es decir, aquellos carentes de satisfacer necesidades sociales, o más bien, aquellos que no cumplen con los estándares requeridos de calidad poblacional.
Así, por ejemplo, en el punto de “Desarrollo de la comunidad” plasmado en el programa de inversiones públicas de la administración departamental 1982 - 1983, cuyo autor es el departamento administrativo de planeación de la gobernación del Valle del Cauca, planteó la siguiente idea:
“Hoy existe un consenso entre los especialistas de que las comunidades están en capacidad de definir su propio desarrollo, si realmente se les dá la oportunidad de realizar una participación consciente y activa en el mismo, movilizándose sus propios recursos, sin abandonar al Estado sus responsabilidades. En el Departamento del Valle del Cauca existen diversos grupos étnicos indígenas, negros, mestizos con características raciales y socio-culturales específicas para y con los cuales se hace necesario planificar su desarrollo y el Gobierno Departamental consciente de lo anterior, ha creado el Departamento Administrativo de Desarrollo de la Comunidad para vincular al proceso de desarrollo las diferentes comunidades que se asientan en nuestra geografía” (Departamento Administrativo de Planeación Valle, S.F. p. 115)
La cuestión de la multiculturalidad, encarnada en el concepto de comunidad o comunidades, va a resaltar, en efecto, la importancia de la visibilización de la diversidad poblacional, categorizada principalmente por elementos de tipo racial, lo que indica que los sujetos de desarrollo tienen sus propias características que se definen a partir de modelos identitarios presentes en los grupos sociales objetos de planificación. Sin embargo, a pesar de que se define a las comunidades como agentes de su propio desarrollo socio-económico, estos tendrán que tener unos parámetros de desarrollo agenciados por el gobierno departamental, sugiriendo con esto que la creación de instancias de gobierno para la planificación y diseño del desarrollo como el “Departamento Administrativo de Desarrollo de la comunidad”, están asociadas, precisamente, para supervisar que el modelo de desarrollo ideado por aquellos que ejercen la gubernamentalidad del departamento del Valle del Cauca, se pongan en marcha.
En este orden de ideas, si se sugirió que las comunidades deben ser supervisadas en su desarrollo, entonces lo que se plantea de fondo por parte de los administradores públicos de la gobernación del Valle del Cauca, es que la población “necesitada” está enlazada con todas aquellas comunidades que deben ser supervisadas en procesos de transformación poblacional, en otras palabras, para que las necesidades gubernamentales sean acogidas como necesidades dentro de las comunidades, se utiliza como trasfondo político, la afirmación de los repertorios identitarios basados en categorías raciales y en prácticas culturales, con el fin de introducir parámetros de gobernanza que afectan las dinámicas de los denominados “sujetos colectivos” y así, involucrar dentro de ellas, la idea del sujeto del desarrollo, es decir, la formación de capital humano requerido en los procesos de producción y consumo económico en la región vallecaucana.
Por ende, las anteriores ideas se van concretando, posteriormente, con lineamientos de gobernanza departamental tales como la ordenanza No 012E de 1988, “Por la cual se fijan Planes de y Programas sectoriales de Desarrollo para el Departamento del Valle en el periodo 1988 - 1992 y se determina la partida para obras de fomento regional durante la vigencia fiscal de 1988” donde retoman los mismo objetivos propuestos por el Plan Valle 2000 , como también aquellos parámetros socializados por el Plan del desarrollo realizado durante el gobierno de Virgilio Barco durante los años 1987 - 1990 .
Sin embargo, es dentro de la ordenanaza No. 018 de 1990 “Por la cual se reorganiza el Departamento Administrativo de Desarrollo a la Comunidad del Departamento del Valle del Cauca” donde se profundiza la idea de introducir la formación de sujetos de desarrollo en las dinámicas comunitarias, a partir de los elementos expuestos por el gobernador Mauricio Guzmán Cuevas:
“La participación comunitaria, entendida como el proceso mediante el cual los ciudadanos intervienen en las decisiones de su comunidad, ha adquirido un nuevo significado tanto político como social a raíz de los cambios registrados en el país y que afectan la vida institucional de los municipios como de los departamentos. Por ello urge una reforma administrativa que nos permita asistir a las comunidades que lo demanden, en la identificación de sus problemas y en la solución de los mismos a través de proyectos comunitarios surgidos de la participación y organización de la comunidad, lo cual convierte a los ciudadanos en actores de su propio desarrollo” (Asamblea Departamental del Valle, 1990, p. 1)
y añade:
“la aprobación de este proyecto de Ordenanza, que como fin último persigue que el proceso de desarrollo de las comunidades se dé al interior de las mismas, teniendo en cuenta su realidad social, económica, política, cultural y geográfica, lo cual hace que el desarrollo no sea impuesto sino que parta de la iniciativa de los ciudadanos, sin desconocer que las instituciones estatales o privadas pueden impulsar y acelerarlo” (Asamblea Departamental del Valle, 1990, p. 3)
Las anteriores ideas van a reflejar que, a inicios de los años noventa, la gobernanza en el Valle del Cauca se encuentra en proceso de cambio estructural de sus instituciones políticas debido a las nuevas formas de gubernamentalidad que se están llevando a cabo en Colombia y que condujeron, posteriormente, en el año 1991, a la consolidación de una nueva constitución política y administrativa. Por otro lado, dichos cambios reflejan la necesidad del gobierno departamental del Valle, de perfilar en las comunidades, un proceso donde estas poblaciones tengan ciertos conocimientos y habilidades político-administrativas que permiten a los sujetos centrarse en propiciar su propio “desarrollo”, en este caso, los proyectos de asesoramiento comunitario que fomentan la idea de la participación comunitaria cuya característica es la formación de “actores de su propio desarrollo”, es en sí, una educación del sujeto de desarrollo, es decir, la apropiación de competencias de tipo gubernamental que los miembros de las comunidades deberán aprender si estos quieren ser reconocidos como sujetos políticos, en pocas palabras, en ciudadanos que tienen criterios para ejercer principios de administración y securitización poblacional.
Si bien es cierto que los planes de desarrollo han propiciado en las poblaciones “necesitadas” capacidades para expresar sus inconformidades y proponerlas a los entes de gobierno, lo crucial de todo esto, es que estas expresiones van a estar supervisadas o reguladas ya no por entes estatales, como comúnmente se pensaría en todo proceso gubernamental, sino que entra a escena, un actor que se posiciona como un delegado o un acompañante que tendrá el poder de ejercer una parte del papel en los procesos de gubernamentalidad, es decir, en el ejercicio de la securitización y administración poblacional; en este caso estamos hablando de los agentes corporativos privados.
La gubernamentalidad compartida en el Valle del Cauca
Los agentes corporativos privados son en sí lo que comúnmente se denomina el sector privado o el sector empresarial. En el departamento del Valle del Cauca por lo general, estos agentes corporativos se concentran en el sector agroindustrial, sobre todo aquellos que están dentro del clásico gremio azucarero. En este caso, durante la década de los ochenta, los industriales vallecaucanos ya tenían consolidado al sector azucarero como referente de desarrollo económico regional, debido, quizás, a que estos habían conformado una institucionalidad gremial integrada por empresarios, cultivadores de caña, investigadores y técnicos del sector azucarero, con influencias directas dentro del proceso de desarrollo y asuntos de gobierno en el Valle del Cauca (CNMH, 2014 citando a Rojas, 1983: p. 57)
La injerencia de la institucionalidad gremial se empieza a manifestar dentro de los planes de desarrollo, con un criterio vinculante sobre la necesidad de que el sector privado sea parte de los procesos administrativos y de gobierno dentro del departamento del Valle del Cauca:
“[...] la necesidad de tener un mecanismo integrador de los esfuerzos de los diferentes estamentos de la administración pública (Gobierno central, Departamental, Instituciones descentralizadas, Corporaciones Regionales, Gobierno municipal) y, algo muy importante en una economía mixta como lo es la nuestra, la necesidad de que exista un instrumento que oriente los esfuerzos de los sectores público y privado hacia el logro de objetivos comunes y que redunden en beneficios de ambos, los productores y los consumidores de bienes y servicios” (Departamento Administrativo de Planeación, 1983, p. 12)
Precisamente, encontrar un instrumento que descifre uno o varios caminos por el cual las instituciones gremiales del Valle del Cauca puedan ser parte de la administración gubernamental sería, quizás, uno de los principios del Plan de desarrollo Valle 2000. En este caso, si bien es cierto que el objetivo es generar un crecimiento económico para el departamento, cuyos productores (instituciones gremiales, privadas) y consumidores (población, comunidades) se sincronicen para dinamizar el desarrollo económico regional, lo probable es que este instrumento se encuentre alrededor de los denominados “dirigentes” gremiales y comunitarios al vincularlos como parte de los procesos de seguridad gubernamental:
“ [...] El plan no es sólo un compromiso del sector público sino que aspira a involucrar al sector privado y a toda la comunidad vallecaucana en general en el logro de sus objetivos. De esta manera serán la comunidad y sus dirigentes los encargados de vigilar que se asignen los recursos para que se cumplan las metas propuestas. “ (Departamento Administrativo de Planeación, 1983,p. 14)
De acuerdo con lo anterior, delegar el papel de la vigilancia a las instituciones gremiales y a las comunidades sobre los recursos que va a disponer el plan de desarrollo Valle 2000, tiene que ver con aquello que se ha manifestado anteriormente, y es buscar que los sujetos utilicen nociones de administración y securitización poblacional para afianzar las políticas de desarrollo. Pero en este asunto, es preciso aclarar que para las comunidades, los “necesitados”, al ser consideradas como una población que debe aprender a generar su propio desarrollo y que por lo tanto, deberán tener una supervisión no sólo de parte funcionarios administrativos, sino de aquellos sujetos que representan los intereses corporativos de las instituciones gremiales del Valle del Cauca, por lo tanto, los denominados dirigentes de las comunidades, son en sí, el grupo de empresarios que conforman la institucionalidad gremial del departamento.
Por ejemplo, en una conferencia realizada por el consejero presidencial del gobierno de Virgilio Barco, Carlos Ossa Escobar, ante el congreso nacional de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO en la ciudad de Pereira en el año 1987, plantea las siguientes líneas:
“Es bien amplio el campo de acción de los empresarios para contribuir con su capacidad al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de los colombianos más desfavorecidos. El ejemplo y las realizaciones de la Fundación Carvajal en el Valle y en el Cauca nos demuestra que este es un camino que debe proseguirse, fortalecerse y abrirse paso en otras regiones del país. No se trata de configurar un esquema asistencial del sector privado hacia los más necesitados, sino de dar una oportunidad a esa gran mayoría de nuestros conciudadanos para que ellos, fundamentados en su propia iniciativa, se integren verdaderamente a la vida económica del país.” (Escobar, 1987: 231)
La organización Carvajal, como empresa manufacturera y de servicios, hace parte de los conglomerados empresariales que se ordenan como instituciones gremiales del Valle del Cauca. En este caso, lo anterior trae a colación el papel que los entes gubernamentales centrales les brindaron a las corporaciones privadas en el uso de los modelos de intervención social tercerizado en organizaciones tales como fundaciones, corporaciones, cooperativas, cajas de compensación familiar, ong’s y otros entes que van a proliferar con el fin de fomentar la emergencia de los sujetos de desarrollo en los “necesitados”, a partir de brindar en ellos lo que deja de lado las instituciones públicas, la seguridad social, pero con la idea de que la securitización poblacional representará el afianzamiento del progreso regional. (Ver ejemplos en el PDF)
Teniendo en cuenta los anteriores ejemplos, las instituciones gremiales en el Valle del Cauca han utilizado el instrumento de bienestar social como paradigma de acción para el desarrollo de la securitización y la administración poblacional. En este caso, las acciones de mantenimiento poblacional ya no son parte intrínseca de una gubernamentalidad propiamente dirigida por los gobiernos locales, sino que está ya empieza a ser compartida a través de operaciones realizadas por entes privados que han afianzado nuevas dinámicas de poder auspiciados por discursos, técnicas y dispositivos que les han dado una posición de ser parte de la gubernamentalidad vallecaucana.
En este caso, uno de los dispositivos utilizados para afianzar los discursos de poder de los gremios vallecaucanos ha sido los medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos un editorial del Periódico la Esfera del municipio de Tuluá, quienes le brinda espacio para que el discurso de un presidente de la caja de compensación familiar COMFAMILIAR brinde un mensaje sobre las inversiones en salud, educación, recreación, cultura y servicios de mercado realizadas por este tipo de instituciones en el norte del Valle: (Ver imagen en el PDF)
Por otro lado, tenemos que los medios de comunicación permiten las conexiones entre los entes de gobierno, las instituciones gremiales y las comunidades a través de técnicas como los subsidios familiares o las campañas de caridad (donaciones): (Ver imagen en el PDF)
Sin embargo, la institucionalización de la gubernamentalidad compartida entre la gobernación del Valle y las instituciones gremiales se formalizan con algunas ordenanzas que van sustentar una reorganización de las dinámicas de la administración poblacional. En este caso tenemos en primer lugar la ordenanza 048 de 1990 “Por el cual se reorganiza el Departamento Administrativo de Desarrollo a la comunidad del Departamento del Valle del Cauca” en el cual, el gobernador de aquel entonces, Mauricio Cuevas y el director del departamento administrativo de desarrollo de la comunidad, Carlos Alberto Santacoloma, exponen en la exposición de motivos la siguiente idea:
“Pretendemos con esta reorganización del Departamento Administrativo de Desarrollo de la Comunidad fortalecer la relación entre el hombre y Estado induciendo al ciudadano a participar en las decisiones que de una u otra manera afectan su diario vivir. Es así como el Gobierno Departamental se acercará a la comunidad concertando con ella las acciones a seguir, traduciendolo en planes y programas que buscarán la satisfacción de las necesidades básicas. Será importante en este proceso el establecer las coordinaciones necesarias con las administraciones municipales y con las entidades estatales y privadas que trabajen sobre el sector desarrollo comunitario, para que en forma ordenada coadyuvemos al desarrollo de las regiones.” (Asamblea departamental del Valle, 1990: 2)
Lo anterior da pie para situar que a finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa, se generó un proceso traslape gubernamental en el cual el gobierno departamental le abre puertas a las instituciones gremiales para que entren a ocupar en los programas y proyectos asociados al desarrollo social, en este caso, lo que se interpreta es que la satisfacción de las necesidades básicas ya no le compete, solamente, a la instituciones públicas, sino aquellas instituciones gremiales que ya adquirieron el papel de brindar seguridad y administrar a los sujetos de desarrollo.
También surgió la ordenanza No. 049 de 1990 “Por la cual se conforma el Sistema Seccional de Salud del Departamento del Valle del Cauca, se reorganiza la Secretaria Departamental de Salud del Valle y se dictan otras disposiciones” cuya reforma va generar una coordinación entre instituciones públicas y privadas para la realización y seguimiento del plan multisectorial de salud en los municipios del Valle del Cauca para que estos los involucre en sus planes de desarrollo locales.
Entre tanto, surgieron ordenanzas que crean nuevos estamentos e instituciones mixtas tales como la ordenanza No. 014 de 1990 “Por la cual se crea la CONSEJERÍA PARA LA JUVENTUD, LA MUJER Y LA FAMILIA en el Departamento del Valle del Cauca” en el cual realizará programas y proyectos para la formación de recursos humanos a partir de acciones de protección familiar, educación de los jóvenes, formación de padres y atención a las personas ancianas. En su artículo segundo se presenta la siguiente referencia:
“Diseñar y ejecutar programas en beneficio de la Juventud, la Mujer y la Familia a nivel del Departamento del Valle del Cauca, solicitando la colaboración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de PROCALI, de la Federación de Organismos no Gubernamentales, de los alcaldes y de las comunidades municipales”. (Asamblea departamental del Valle, 1990)
Entre tanto, la ordenanza No.24 de Diciembre 30 de 1991, “Por lo cual se autoriza al Gobernador para concurrir a la constitución de una Corporación o Fundación de Participación Mixta o de una Asociación entre entidades Públicas para la organización y funcionamiento de instituciones y servicios necesarios para la protección y reeducación del menor infractor y contraventor” Dentro del cual, el gobernador encargado Luis Fernando Cruz Gomez y el Director del departamento administrativo Jurídico Fernando Jordan Mejia, manifiestan algunos motivos sobre la búsqueda de aprobación de esta ordenanza por parte de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, entre ellos se encuentra la idea de consagrar los derechos fundamentales del menor sustentado en el Código del menor expedido en el año 1989, a partir de la creación de instituciones que brinden servicios de protección y reeducación del menor infractor, justificando con ello que:
“Mediante estas instituciones se busca, generar para los menores contraventores e infractores, un medio social positivo, que les permita construir una vida responsable, obtener un trabajo digno y productivo y lograr un futuro mejor. Propósito éste que encuentra su identidad con los objetivos de la política Nacional para la niñez y juventud, de ampliar las oportunidades que la sociedad ofrece a los jóvenes, aprovechando su potencial de creatividad y participación. En la niñez y la juventud está el futuro del país y a través de este proyecto se pretende colaborar con la reeducación y protección del menor infractor y contraventor, como un mecanismo para contribuir en la medida de nuestras posibilidades a un proceso de cambio dentro de nuestra sociedad y cumplir los principios y obligaciones consagradas en nuestra Carta Magna”. (Asamblea departamental del Valle, 1991: 1)
Las anteriores ordenanzas muestran que este proceso de reorganización gubernamental va a generar nuevos dispositivos de poder cuyo manejo serán realizados por las instituciones privadas teniendo en cuenta las características de la población; en este caso vemos que en el Valle del Cauca se enfatiza en realizar dispositivos de securitización a los grupos sociales necesitados tales como los los jóvenes, las mujeres, los infantes, padres y madres de familia y en menor medida a los ancianos, lo que implica que estas poblaciones serán el foco de los procesos de fomentar a los sujetos de desarrollo.
Por lo tanto, podemos decir que, precisamente, estos cambios dieron la potestad a las corporaciones privadas del Valle del Cauca en ser aquellos que pueden realizar actos de gubernamentalidad a partir del diseño de programas de vigilancia social fomentados en proyectos de intervención social con el fin de que la población necesitada, que es en sí, la población pobre, se enmarque como sujetos consumidores pero a la vez productores de su propio desarrollo. En otras palabras, el papel de las instituciones gremiales en la configuración de los sujetos del desarrollo en el Valle del Cauca es que estos se apropien de los esquemas y representaciones asociadas a una concepción empresarial y administrativa de la vida, es decir que los pobres o los necesitados busquen por su propia cuenta, la idea de convertirse en sujetos corporativos o para ser más específicos, en sujetos neoliberales.
Conclusiones
De acuerdo con los objetivos planteados por esta investigación, los discursos gubernamentales en el Valle del Cauca durante los años 1981 - 1991 tiene que ver con fomentar cambios institucionales pero también cambios en las mentalidades de la población vallecaucana a partir de la noción del sujeto de desarrollo. En este caso, los discursos sobre el sujeto de desarrollo estaban relacionadas con promover esta noción en la población necesitada, es decir la población pobre o de escasos recursos que habitan en la ciudades y municipios del Departamento. Sin embargo, en el fondo esté sujeto del desarrollo lo que trae tras de sí es fomentar en la población un cambio de mentalidad que esté a tono con los cambios fomentados por el neoliberalismo económico, puesto que los discursos de algunos gobernadores, funcionarios públicos y empresarios citados tienen como punto de afinidad la búsqueda que la población se encargue de su propio desarrollo, es decir, que puedan ser empresarios de su propia vida sin interferencias gubernamentales, salvo en ser supervisores de que estos puedan apropiarse de elementos tales como la autogestión, el emprendimiento, la autoayuda, la autonomía, en sí, el “cuidado de sí” foucaultiano, tendrá conexión con los valores que van a ser utilizados en la reactivación de la producción y el consumo de la economía vallecaucana.
Por eso, se enfatiza la intervención mixta en la población juvenil, en las mujeres, en los infantes, en sí en la familia, para que estos puedan adquirir los conocimientos administrativos propios del conocimiento corporativo. Esto es con el fin de que los sujetos del desarrollo puedan aprender habilidades propias de la gubernamentalidad que es la administración poblacional y la securitización poblacional, lo que implica que cada sujeto del desarrollo se va a implicar, de manera autónoma, en relaciones de dominación y de poder que beneficien a los grupos de poder asentados en las instituciones de gubernamentalidad.
Así pues, debemos señalar que la gubernamentalidad no es ya un asunto de las instituciones públicas, sino que van ser compartida por las instituciones gremiales que van a tener una influencia muy directa en los asuntos de gobierno, lo que implica que la gubernamentalidad en este periodo, es compartida y se manifiesta inicialmente en la delegación del desarrollo social al sector privado en el Valle del Cauca, es decir, se va a reinventar los dispositivos como la educación, la salud, la recreación, el empleo de acuerdo con los intereses corporativos, en otras palabras, estamos ante la emergencia de la corporativización de la vida en el proceso de cambios neoliberales que se desarrollaban en el Estado colombiano desde la década de los ochentas.
Por tales razones, hay que repensar los nuevos modelos de gobierno que se han venido instaurando a partir de los cambios suscitados por el proceso neoliberal, sobre todo las nociones de la gubernamentalidad y la biopolítica puesto que en este contexto, se presenta un reordenamiento no sólo de las estructuras políticas y económicas, sino que el neoliberalismo va más allá del proceso gubernamental y biopolítico, y es la de inaugurar nuevos estilos de vida a partir de fomentar cambios drásticos en los procesos socioculturales de las comunidades y poblaciones menos favorecidas. Por tal razón hay que postular interrogantes sobre los efectos de haber emprendido el sujeto de desarrollo en los procesos de violencia sistemática que surgieron en la década de los noventa en Colombia, sobre todo el auge de las empresas paraestatales, el auge del narcotráfico y sobre todo las diversas maneras de explotar las necesidades de la población empobrecida y afectada por el conflicto armado para que el neoliberalismo corporativista se afianzará como el único modelo de gobierno que puede existir en la realidad política colombiana. En este caso, hay que sostener que los procesos de subjetividad son el instrumento central que utilizó el neoliberalismo para su expansión como nuevo modelo de gobierno a escala global, puesto que este fabricó mentalidades creyentes de una individualidad sin limites ni restricciones.
Para finalizar, revisar estas ideas remite a dejar abiertos interrogantes, por ejemplo, pensar hasta qué punto estas prácticas políticas que conllevan y facilitan en el ciudadano un desarrollo de sí mismo, esto, en la medida que promueven la autogestión, el emprendimiento, la autorresponsabilidad, autorregulación y demás. En dicho sentido, se ha citado la noción de cuidado de sí. Foucault, (1984) respecto a esto, enfatiza en un llamado ético a la reflexión como una práctica de libertad y como condición ontológica. Para él, los juegos de verdad contemporáneos no corresponden tanto a un modo coercitivo de ejercicio del poder, sino, por el contrario, a una formación de un nuevo sujeto. Esto, por ende, lleva a un modo de transformación para acceder a un modo de ser (Foucault, 1984, p. 257). Además, en este punto, es necesario distinguir la práctica de libertad con los ejercicios de liberación, pues éstos refieren a identificar modos de sujeción consecuencia de procesos económicos, sociales, políticos e históricos que están encubiertos bajo un velo de alienación y represión (Foucault, 1984, p. 258). la cuestión es entonces definir las prácticas de libertad que a su vez conceptualizan otros temas más generales, en este caso, la libertad en sí y la relación con el poder. Para el caso de esta investigación se encuentra que la subjetividad es un eje central de incursión por parte de las políticas y conllevan a un ejercicio de reflexión como una práctica de libertad, al parecer, encubierta bajo un manto de políticas neoliberales en la medida que puede dar rienda suelta a su individualidad. Por lo cual, el ejercicio investigativo, ha conllevado a señalar y evidenciar dichas prácticas en la época que suscitó interés.
Referencias
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