REVISTA DE PSICOLOGIA -GEPU-
ISSN 2145-6569
IBSN 2145-6569-0-7

   
 
  Funcionamiento Familiar en Familias Desplazadas, Asentadas en el Departamento del Quindío en el Periodo 2009-2013

Funcionamiento Familiar en Familias Desplazadas, Asentadas en el Departamento del Quindío en el Periodo 2009-2013
 
 
 
 

José Alonso Andrade Salazar, Luisa María Bedoya Rodríguez, Manuela Escobar Naranjo, Stefania Giraldo Navarro & Lina María Medina Gama

 

   

 

Universidad de San Buenaventura Medellín extensión Armenia / Colombia  


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José Alonso Andrade Salazar. Psicólogo. Docente investigador y coordinador de investigaciones de la Universidad de San Buenaventura Medellín extensión Armenia. Investigador del grupo interdisciplinario para el desarrollo y la acción dialógica (GIDPAD) y del grupo Estudios clínicos y sociales en psicología de la Facultad de psicología de la Universidad de San Buenaventura.


Luisa María Bedoya Rodríguez. Estudiante investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura Medellín extensión Armenia. Correo electrónico: lui_326@hotmail.com 


Manuela Escobar Naranjo. Estudiante investigadora Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura Medellín extensión Armenia. Correo electrónico: manu_e.n@hotmail.com 


Stefania Giraldo Navarro. Estudiante investigadora Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura Medellín extensión Armenia. Correo electrónico: nia93-18@hotmail.es 


Lina María Medina Gama. Estudiante investigadora Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura Medellín extensión Armenia. Email: linas2413@hotmail.com

 

Recibido: 22 de Mayo de 2015
Aprobado: 15 de Junio de 2015

Referencia Recomendada: Andrade-Salazar, J. A., Bedoya-Rodriguez, L. M., Escobar-Naranjo, M., Giraldo-Navarro, S., & Medina-Gama, L. M. (2015). Funcionamiento familiar en familias desplazadas, asentadas en el Departamento del Quindío en el periodo 2009-2013. Revista de Psicología GEPU, 6 (1), 106-122. 

Resumen: Esta es una investigación empírica-analítica de corte transversal, cuyo objetivo es encontrar el tipo de funcionalidad familiar presente en familias desplazadas que se asentaron en el departamento del Quindío entre los años 2009-2013. Para la recolección de la información se aplicó una ficha de caracterización sociodemográfica y el APGAR familiar. El 62,5% de familias presenta algún tipo de disfuncionalidad familiar, que se incrementa si la jefatura del hogar es femenina, en personas solteras (sin pareja) y separadas, y cuando los motivos para desplazarse son la amenaza de muerte y el maltrato psicológico. La disfuncionalidad familiar emerge de las secuelas del conflicto armado y como respuesta ante las dinámicas del entorno actual de reasentamiento.

Palabras Clave: Violencia, Violencia Social, Vulnerabilidad Social, Víctimas, Conflicto, Disfunción Familiar (PsycInfo Thesaurus).

Abstract: This is an empirical-analytic investigation of cross section, whose aim was to find the kind of family functionality present in displaced families who settled in Quindío between 2009-2013. A socio-demographic sheet and family APGAR were applied to collect the information. 62,5% of households have some type of family dysfunction, which increases as the head of household is female, in separate and single people (unpaired), and the reasons for moving are the treat of death and psichological abuse. The family disfunction emerge from the aftermath of armed conflict and in response to the dynamics of the current environment of resettlement.

Keywords: Violence, Social Violence, Social Vulnerability, Victims, Conflicto, Family Disfunction (PsycInfo Thesaurus).

 


Introducción


En Colombia el incremento de la violencia en todas sus manifestaciones, sumado a factores como la delincuencia organizada, subversión armada, desempleo, desplazamiento forzado, inequidad social, impunidad y los conflictos sociales que dichas situaciones generan, se constituyen en evidencia clara de la desestructuración de la función de sostén, hospitalidad, cooperación y apoyo de las instituciones sociales (Pécaut, 2003; Insuasty & Vallejo, 2012). Esta amalgama de eventos afecta de manera directa las familias, especialmente aquellas que se encuentran bajo diversas condiciones de vulnerabilidad y que históricamente han sido oprimidas, cuando no sentenciadas a vivir las consecuencias de la guerra en el marco del conflicto armado (Ibañes, 2006; Andrade & Sicachá, 2012). La guerra entre estado y subversión armada aminora en las familias desplazadas la capacidad de cohesión e integración social, las habilidades de empoderamiento y de superación positiva de conflictos, además de la participación ciudadana, ajuste comunitario y acople a los nuevos escenarios de relación, puesto que el grupo y cada de uno de los miembros tiende a verse afectado por cambios extremos en la condiciones ambientales, ideológicas, económicas, políticas y psicosociales de existencia, de modo que muchas familias presentan problemas constantes para acoplarse adecuadamente a las nuevas dinámicas del entono en el que se asientan (Suarez, 2002; Segura, 2010; Andrade, Agudelo, Ramírez & Romero, 2010). 


La situación humanitaria en Colombia es tan compleja que desde hace más de siete décadas (1) en todos los casos de expulsión, en las familias -especialmente aquellas de origen rural- “la violencia ha llevado a una mortalidad inimaginable, ha ocasionado pérdidas materiales, migraciones internas, entre otros hechos siniestros” (Montalvo, 2012, p. 54). Datos del registro único de víctimas (RUV) de la Unidad para la atención y reparación de víctimas [UARIV, 2015] indican que en el Quindío en el año 2013 hubo 135 personas expulsadas y 959 recibidas, para un total de 2.034 víctimas declaradas (1.588 hogares); en el 2014, fueron expulsadas 96 personas y 939 recepciones lo que muestra un total de 2294 personas declaradas (1.665 hogares). Al 2014 el departamento del Quindío cuenta con un total de 14.109 víctimas en el periodo comprendido entre 1985-2014 (Sierra, Calle, & Vélez, 2015). El desplazamiento forzado es el principal suceso de vulnerabilidad de derechos en el eje cafetero y está asociado a otros tipos de victimización en estas poblaciones tales como violencia intrafamiliar, turismo sexual, transporte de psicoactivos entre otros, (La Crónica, 26 de Mayo de 2010). Según datos de la Asociación Probienestar de la familia colombiana (Profamilia, 2011; 2012), en el conflicto armado la violencia de género se exacerba y suscita desplazamientos, amenazas, secuestros, reclutamiento, abuso sexual y muerte, además de control físico y psicológico de la mujer, motivo por el cual el conflicto armado puede ser pensado también en términos de violencia de género (UNIFEM, 2005; Andrade, 2010).

Para el Centro nacional de memoria histórica (CNMH, 2014) “las víctimas directas de la violencia en Colombia, así como sus familiares, amistades, vecindades y comunidades han experimentado situaciones de horror extremo en condiciones de enorme indefensión y humillación” (p. 259), al respecto la Unidad para la atención y reparación integral de las victimas (UARIV, 2013) revela que una de las mayores causas de desplazamiento en los hogares, se debe a la amenaza de muerte y/o maltrato psicológico, representado en un 84%; lo que a su vez, lo convierte en un hecho que se presenta en el 95,5% de los municipios afectados por la violencia sociopolítica. Las familias desplazadas suelen instalarse en barrios suburbanos donde persisten problemas territoriales o vulnerabilidades tradicionales (pobreza, disputas territoriales, escasas redes de apoyo comunitario), “donde existen asentamientos de viviendas sin exigencias urbanísticas y en predios no legalizados. De esta manera se acrecienta la marginalidad en la que se encuentran sus pobladores, agravada por la escasa atención estatal que reciben” (Garzón, 2005, p. 6). Tal es el caso de las familias asentadas en el Quindío que eligen principalmente barrios marginados, zonas de ladera y de río, terrenos abandonados u otros lugares cercanos al casco urbano (Andrade, Parra, & Torres, 2011; Andrade & Valencia, 2011). 


La violencia emergente en el marco del conflicto armado y en general todo acto de lesa humanidad, constituyen motivos desencadenantes de desplazamiento, puesto que modifican las dinámicas interaccionales del sistema familiar con su entorno y entre cada uno de los miembros, puesto que su nivel de funcionamiento obedece al cumplimiento de las demandas implícitas y explícitas de carácter funcional, con las cuales se definen los modos o pautas de participación de cada integrante de la familia (Minuchin, 1977). Estas pautas regulan las conductas y establecen cómo, cuándo y con quienes se interactúa. Al respecto Minuchin indica que la estructura familiar consolidada define roles, asigna tareas y funciones, protege y otorga sentido de pertenencia, de modo que la funcionalidad depende de la estructura de la familia, el bienestar, las formas de intercambio afectivo, la manera de resolver problemas, y la enseñanza e interiorización de reglas (Martínez-Pampliega, Iraurgi, Galíndez & Sanz, 2006). Asimismo Virginia Satir (1998) considera que las relaciones humanas son los eslabones vivos que unen a los miembros de una familia, ergo existen cuatro factores clave para el buen desarrollo de las relaciones del núcleo familiar: autoestima, reglas, comunicación y enlace con la sociedad. La familia tiene como objetivo la socialización de las nuevas generaciones, la reproducción de la memoria y de la cultura, además de la conservación de la vida y la sociedad, sin embargo “por las funciones que cumple es diferente a las demás instituciones sociales, pero al mismo tiempo es afectada por los cambios sociales y culturales acaecidos en el contexto” (Cifuentes, Massiris & Ruiz, 1998, p. 23)


Para Daniel Pécaut (2003) la violencia es la causante de una redistribución espacial de la población porque “en una sociedad fragmentada, desprovista de una simbólica nacional, con inmensas desigualdades, marcada por la desconfianza respecto al Estado; la violencia constituye el único recurso que, unos actores, social y políticamente desiguales, pueden utilizar de manera similar” (p. 102). En este sentido señala que la guerra afecta principalmente a los más vulnerables, por lo que tiende a acentuar la pobreza, haciendo crecer la miseria, la desigualdad y la inequidad social, además de la incredulidad en el estado y en los procesos de paz, de modo que la forma como las poblaciones interpretan el conflicto “es como una explosión de todos sus puntos de referencia, manteniendo a veces un discurso marcado por la influencia de las guerrillas” (Pécaut, 2001, p. 272). La violencia derivada del conflicto afecta la forma como las familias ven el mundo, destruye sus vínculos internos y externos, además de eliminar la memoria de las víctimas a través del silenciamiento y la muerte, como consecuencia    


…el desplazamiento conlleva a una fragmentación de los hogares, por ejemplo, en miras a lograr que todos los miembros de la familia huyan del peligro inminente que significa permanecer en el lugar de origen, el hogar desplazado decide dividirse para facilitar la recepción de todos sus integrantes entre sus redes sociales o familiares. (UARIV, 2013, p. 24)


Al respecto Estanislao Zuleta (1992) refiere que uno de los problemas de la sociedad Colombiana es la ignorancia sobre el conflicto que lleva a que se le tema y excluya sin reconocerlo. La contradicción respecto a la violencia y al conflicto radica en pensar y ejercer la democracia a través de injusticias, violencia, inequidad y terrorismo, y en el marco de leyes y procesos políticos que solo buscan un beneficio individual, situación que hace que las víctimas no sientan que se protegen sus derechos, como consecuencia la violencia se torna cíclica, perdiéndose la libertad, así “poco importa que los derechos se encuentren reconocidos en la carta constitucional si estos derechos no son posibilidades efectivas, de nada sirve que seamos iguales ante la ley si la realidad efectiva nos sitúa en una desigualdad oprobiosa” (p. 21). Correlativamente Zuleta considera que gran parte de la sociedad ya no vive la miseria, el abandono y las carencias como una fatalidad natural e ineludible, sino como una negación de sus derechos, por ello es necesario que las familias y comunidades puedan educarse en el conflicto, aprendiendo a entenderlo y generando opciones de solución articuladas a su contexto.

Método


Diseño


Esta es una investigación de tipo empírico-analítica y de corte transversal, en la que se escogió un periodo de tiempo (2009-2013) para evaluar el tipo de funcionalidad presente en familias víctimas de desplazamiento forzado por efecto del conflicto armado colombiano. En este tipo de investigaciones se parte de la percepción actual de los sujetos sobre la forma como la familia le permite interactuar. Este tipo de investigaciones con base en experiencia de los sujetos genera posibilidades de análisis soportados sobre datos confiables derivados de los instrumentos aplicados (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2003; 2005).  

 

Población


La población de esta investigación son 200 personas víctimas de desplazamiento forzado, asentadas el departamento del Quindío en el periodo 2009-2013, representados por los jefes de hogar. Los criterios de inclusión son el ser adulto, jefe de hogar, víctima de desplazamiento forzado por conflicto armado, asistir a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) del departamento del Quindío ubicada en la ciudad de Armenia, pertenecer a una familia constituida en cualquiera de sus formas y estar asentado en el departamento en los últimos cinco años.


Instrumentos


Se aplicó una ficha de caracterización con la que se tipificó aspectos demográficos, de la población, adicionalmente se evaluó el funcionamiento familiar a través de la escala de APGAR familiar, diseñado por Gabriel Smilkstein (1978), que tiene como fin identificar los niveles de funcionalidad o disfuncionalidad familiar de acuerdo a la percepción del miembro evaluado. Los puntajes obtenidos con la prueba discriminan el funcionamiento familiar de la siguiente manera: Buena función familiar (18–20), Disfunción familiar leve (14–17), Disfunción familiar moderada (10–13) y Disfunción familiar severa (9 o menos). Este instrumento evalúa la forma en que los miembros de la familia perciben el nivel de funcionamiento familiar, a través del grado de satisfacción en cinco indicadores: Adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y recursos (Alegre & Suárez, 2006). 


Procedimiento


Una vez diseñada la investigación se buscó la aprobación del consentimiento informado por parte del Comité de bioética de la Universidad San Buenaventura, así como también el permiso de las instituciones encargadas de asistir a la población desplazada, para aplicación de los instrumentos. Posterior a ello, se hizo la revisión del estado del arte y de aspectos teóricos relacionados con el tema de investigación a través de libros, internet, bases de datos y otras fuentes de documentación. Las cifras fueron tomadas del Registro único de víctimas (RUV) de la página web de la Unidad para la atención y reparación de víctimas. En la fase operativa, se aplicaron los instrumentos y luego se analizaron los datos a través del Software estadístico para las ciencias sociales (SPSS ver. 20.0). Finalmente, se realizó la entrega del informe de investigación en forma de artículo científico, además de la devolución y socialización de los resultados obtenidos a las instituciones participantes.


Resultados


La caracterización indica que el 50,5% de la población tiene escolaridad primaria, bachillerato (30,5%), tecnología (4,5%), universitaria (1,5%) y sin escolaridad (13%). El ciclo vital principal es adulto joven (42%), adulto intermedio (36,5%) y adulto mayor (21,5%), de ellos el 63,5% son mujeres “cabeza de hogar” y el 36,5% hombres. El estado civil principal es la unión libre (34,5%), solteros (28%), viudos (12,5%), casados (12%) y divorciados (2%), de etnia mestiza (87%), indígenas (6,5%), afrodescendientes (5,5%) y raizal (1%). El lugar de origen fue Valle del Cauca (22%), Cauca (8,5%), Choco (8,5%), Tolima (8%), Caquetá (6,5%), Quindío (6,5%), Risaralda (5%), Meta (4,5%), Nariño (4,5%), Caldas (3,5%), Huila (3%), Putumayo (3%). El 72,5% tiene origen rural y el 27,5% urbano, desplazados por una vez (64,5%), y el 37,5% entre 2 y 5 veces, de forma individual (82%) y masiva (18%). El interdesplazamiento fue del (88%) y el intradesplazamiento del 12%. Los principales motivos para desplazarse fueron la amenaza de muerte y/o maltrato psicológico (47%) y la muerte de un familiar (30%).


Tabla 1. Características de la población desplazada. (VER EN PDF) 

El 47,5% de la población presenta buena función familiar (BFF),  disfunción familiar leve (DFL: 27,5%), disfunción familiar moderada (DFM: 13%) y disfunción familiar severa (DFS: 12%). La funcionalidad se distribuyó de la siguiente manera por edades: adultos intermedios (BFF: 38,9%; DFL: 30,9%; DFM: 30,8%; DFG: 45,8%), los adultos jóvenes (BFF: 37,9%; DFL: 54,5%; DFM: 38,5%; DFG: 33,3%), y adultos mayores (BFF: 23,2%: DFL: 14,5%; DFM: 30,8%; DFG: 20,8%). La BFF es mayor en la unión libre (44,2%) al igual que la DFM (38,2%), en los solteros la DFS (33,3%) y DFL  (43,6%), en los separados es elevada la DFS (33,3%). En mujeres la disfunción familiar es del 41,1% y en hombres del 68,9%. En mujeres jefe de hogar con algún grado de disfunción familiar prevalece la DFS (75,0%) y DFM (73,1%), mientras en hombres es mayor la DFL (38,2%) y DFM (26,9%). Las familias consideran que existen escasas redes de apoyo en la comunidad (55%), su participación en democracia local es del 54,5%, y señalan ser acogidos por la comunidad receptora (68,5%).


 

Tabla 2. Cruce de datos con tipos de Función familiar. (VER EN PDF)


En relación a los motivos para desplazarse el 45,8% de con DFS lo hizo por amenaza de muerte y/o maltrato psicológico, 29,2% por la muerte de un familiar, 12,5% por la desaparición de un familiar, 4,2% por reclutamiento forzado, 12% por robo de bienes del actor armado, y 4,2% por el secuestro de algún familiar. El 72,5% de personas procedentes del sector rural tienen un 79,2% de DFS en comparación con el 27,5% de población urbana con DFS del 20,8%, la DFM (Rural: 76,9%; urbana: 23,1%). El 64,5% de personas desplazadas una vez presenta DFS (54,2%), a diferencia de aquellos que fueron desplazados dos veces (DFS: 25,0%). El 82% de victimas cuyo desplazamiento fue individual presenta DFS (91,7%) a diferencia del 18% de desplazados masivamente (DFS: 8,3%). 


Discusión


De acuerdo con Insuasty & Valencia (2011) Colombia es un país que ha vivido y sobrevivido a numerosos conflictos internos, sin embargo “no ha logrado salir de un conflicto estructural debido a la falta de voluntad política que incluya dentro de la sociedad, su constitución y leyes a todos aquellos que, aún se mantienen por fuera de ella” (p. 69), aspecto al que debe sumarse el hecho que las guerras y contiendas bélicas, década tras década han afectado notablemente el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones sociales, acentuado problemas emergentes que se tornan transgeneracionales debido a la continuidad y nivel de afectación en las poblaciones, tales como inequidad, exclusión, pobreza, señalamientos, abusos y cooptación del poder (Villa, 2007; Insuasty & Vallejo, 2012; Andrade, 2015). En gran medida la guerra aumenta la pobreza y afecta drásticamente a las familias, ya que hacen que el gasto público se use principalmente en el fortalecimiento militar, motivo por el cual la guerra se encuentra en la escala de necesidades por encima de las necesidades sociales y económicas del país (Montalvo, 2012). El conflicto armado afecta la funcionalidad familiar ya que altera la continuidad de las interacciones y acciones de sostén entre sujetos, limitando su expresión y control emocional, la credibilidad en el otro, al tiempo que la percepción de la vulnerabilidad y ayuda recibida por el estado y la comunidad receptora (Cifuentes, Massiris & Ruiz, 1998; Mendoza-Solís, et al., 2006; Rincón, Cantillo, Ordúz & Mora, 2007; Andrade & Buitrago, 2011).


En la población investigada es común la educación primaria como también el escaso ingreso a instituciones educativas, asimismo casi la mitad de la población es adulto joven e intermedio; según estudios ésta característica prevalece a nivel nacional en las víctimas ya que tensiones territoriales, arraigos, abandono, el hecho de no ser como objetivos militares y el poco interés de los grupos armados por vincularlos como combatientes, hace que muchos adultos mayores se resistan a abandonar los territorios (ECHO & HelpAge, 2012), pese a ello “las personas adultas mayores son uno de los grupos más vulnerables afectados por el conflicto interno armado y los habituales desastres naturales” (p. 3). Los hogares presentan una notable jefatura femenina de madres cabeza de hogar, lo que evidencia que el conflicto armado disocia las uniones e identidades familiares haciendo que muchas familias pasen de nucleares a monoparentales (Gandulfo, 2006; Segura, 2010; Andrade & Buitrago, 2011; Ordoñez, 2013). Estas características son notables en la gran mayoría de familias desplazadas en el país, y según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2009) incluso con las leyes de protección para las personas y familias desplazadas el estado aun no garantiza el cubrimiento de las necesidades a las víctimas ni tampoco los procesos de restitución de derechos y equidad en la reparación integral requerida. Meertens & Segura (2001) y Ordoñez (2013) afirman que el conflicto armado afecta la unidad familiar y hace que las mujeres por ausencia de su compañero se conviertan en madres cabeza de hogar.


La violencia en el marco del conflicto armado anula especialmente la jefatura masculina, ya que aunque la violencia de género es elevada, gran parte de las acciones violentas se ejercen sobre el hombre (padres, niños y adolescentes), haciendo que muchos de los hogares tengan una jefatura femenina forzada (Segura, 2010; Casas & González, 2005), para la Conferencia episcopal de Colombia (RUT, 2004) “las causas que llevaron a esta situación se relacionan principalmente con el miedo, las amenazas, las desapariciones forzadas, la coacción para la venta de tierra, la detención arbitraria, además de los enfrentamientos entre grupos armados” (p. 1), acciones relevantes en las mujeres jefes de hogar desplazadas encuestadas quienes referencian amenazas de muerte, maltrato psicológico, muerte de un familiar, despojo de territorios y amenaza de reclutamiento como motivos relevantes para desplazarse. 


Asimismo Cifuentes & Massiris (1998) indican que el principal motivo de desplazamiento se debe a la matanza de familiares y amigos, amenazas de la guerrilla y paramilitares, enfrentamientos armados y bloqueos económicos, que afectan no solo a un miembro sino a toda la familia. Estas experiencias de terror acompañan a las familias y se manifiestan en los recuerdos a través del temor, problemas de salud mental (Campo, Oviedo, & Herazo, 2014), desconfianza, disfuncionalidad familiar, apatía política y problemas de adaptación a nuevos escenarios de asentamiento (Andrade, 2011; Insuasty & Vallejo, 2012). Para Daniel Pécaut (2003) no puede haber olvido en las personas, familias y comunidades si la experiencia del presente aviva constantemente la vivencia del pasado, ya que “la memoria individual es una elaboración colectiva que remite a cuadros sociales cuyo fundamento se encuentra en la familia y en grupos sociales, y por esta vía en la memoria de estos grupos” (p. 127).


Virginia Satir (1998) afirma que las relaciones humanas positivas al interior de las familias vinculan afectivamente a los miembros de una familia a través de la autoestima, reglas, comunicación y el enlace permanente con la sociedad. Lo expuesto por Satir ilustra aspectos necesarios para la estabilidad psicosocial de los miembros de familias victimadas, los cuales están ligados a acciones políticas, comunitarias, grupales y personales como, la restitución de territorios, superar el desarraigo y el estigma de “ser desplazado”, además de resignificar la sensación de inseguridad, inestabilidad, inequidad e ilegitimidad creciente, mejorando las interacciones cohesivas colectivas y la inclusión de su cultura e identidad en los nuevos territorios de relación, la asistencia y reparación. Al respecto a pesar que más de la mitad de la población entrevistada se siente acogida por la comunidad, aun experimentan resistencias comunitarias que dificultan un adecuado acople a los nuevos escenarios de socialización, lo que redunda en el escaso apoyo derivado de redes social-comunitarias, así como también en resistencias asociadas a la posibilidad de participación en la democracia local. 


Este hallazgo es análogo a lo encontrado por Naranjo & Hurtado (2002) y por Andrade & Buitriago (2010) quienes afirman que uno de los elementos que más afecta la funcionalidad familiar es la escasa participación en redes de apoyo comunitario, como también una escasa percepción de acogimiento por parte de la comunidad receptora. 


En la población investigada la funcionalidad familiar no supera la mitad de los casos lo que indica que al menos seis de cada diez familias presentan algún tipo de disfuncionalidad especialmente aquellas cuyos jefes de hogar son solteros con jefatura femenina, seguidos por personas separadas y viudas. Estos resultados son similares a los encontrados por Rincón, Amarilis, Cantillo, Ordúz & Mora (2007) quienes revelan que la mayoría de familias desplazadas tienen algún grado de disfuncionalidad familiar superior a la media. Otras investigaciones encontraron datos similares respecto a la disfuncionalidad familiar mostrando que el desplazamiento forzado transforma negativamente las interacciones familiares, y aumenta las vulnerabilidades ya presentes a causa de las secuelas emocionales y sociales derivadas del conflicto armado (Andrade & Buitriago, 2010; Mendoza-Solíz, et al, 2006; RUT, 2005; 2006). Una parte significativa de las familias funcionales encontradas en el estudio tiene como estado civil la unión libre, lo cual se asocia a los temores que surgen de la inestabilidad y temporalidad de las relaciones afectivas, situación que referencia a su vez la inestabilidad de los espacios de asentamiento y la irregularidad de sus vínculos externos (Cifuentes & Massiris, 1998; RUT, 2005), además de constituirse en evidencia de la forma en que el conflicto armado desestructura la institución matrimonio a fin de fraccionar y controlar la reproductibilidad de la familia como institución transformadora de lo social (Andrade, 2010). 


Conclusiones y Recomendaciones


La población desplazada tiene principalmente un nivel educativo de básico primario y secundaria-bachillerato, de origen rural, en unión libre, solteros y viudos; la mayoría de la población es adulto joven, con una jefatura femenina. Los adultos mayores son escasos, y una parte importante de jefes de hogar son están en unión libre (tres de cada 10) y sin pareja (7 de cada 10), por lo que las familias presentan una tendencia hacia la estructura monoparental y nuclear. Se recomienda que los programas de asistencia psicosocial implementados con estas comunidades abran espacios grupales de encuentro entre familias, en los que se aborde la comunicación positiva, estrategias para la resolución asertiva de conflictos, la necesidad de cohesión y apoyo entre sus miembros, la búsqueda de apoyo comunitario, además de estrategias para articularse como grupo familiar a las redes y espacios comunitarios.  


El conflicto armado y sus efectos anulativos disgregan la cohesión y estabilidad familiar, transformando la estructura en monoparental. Existe una proporción mayor de mujeres que se auto-identifican como “cabezas de hogar”, lo que demuestra que la jefatura femenina prevalece en los hogares desplazados aun después del asentamiento. Lo anterior es un indicador de los problemas para vincularse a una  nueva pareja debido a que todos los esfuerzos se centran en sobrevivir. Es importante trabajar de forma colectiva con las mujeres cabeza de hogar, especialmente aspectos como pautas de crianza, comunicación asertiva, confianza en el otro y autoconfianza, establecimiento de redes de apoyo, proyecto de vida y habilidades sociales, además de facilitar espacios de capacitación con los que pueden generar proyectos productivos locales, que no impliquen un alejamiento elevado de su hogar, ya que uno de sus mayores preocupaciones es dejar el hogar solo mucho tiempo. 


La principal causa identificada para desplazarse fue la amenaza y/o muerte de un familiar, la cual es frecuentemente la figura masculina, debido a que tanto los grupos armados centran gran parte de su interés en los hombres con fines de reclutamiento, o de persecución, reclutamiento o anulación en el caso de los grupos subversivos, lo que explica la prevalencia de familias monoparentales con jefatura femenina (7 de cada 10). La asistencia psicosocial no es solo un ofrecimiento sino una necesidad que debe convertirse paulatinamente en una oportunidad de superar conflictos, secuelas y diversos problemas relacionados con los efectos a largo plazo del desplazamiento forzado, en este punto es preciso resaltar que muy pocas familias asisten al psicólogo, dada la falta de dinero para desplazarse a los lugares de asistencia, por desconfianza en dichos procesos o por desconocimiento de los beneficios de asistir a dicho espacio. Por esta razón se sugiere implementar brigadas de salud física y mental en los sitios de asentamiento y no solo en los espacios de asistencia, un programa de asistencia psicológica itinerante que implique el acompañamiento de otros profesionales como trabajadores sociales, antropólogos, pedagogos, etc., puede tener un efecto positivo de solidaridad y hospitalidad importante en las familias desplazadas asentadas y en la comunidad receptora.


Las causas para desplazarse de forma individual o masiva a otro lugar son variadas sin embargo, las personas cuando viven experiencias extremas suelen quebrar su voluntad y huyen ante el ultimátum del grupo armado, por lo que estas causas pueden generar a su vez experiencias de trauma que dificultan los procesos de ajuste a nivel intrafamiliar y social. La disfunción familiar se incrementa en el desplazamiento individual, esto podría estar asociado a que los desplazamientos masivos generan mejores alianzas y un sentido de comunidad mayor, ya que suele ser toda una vereda o vecinos quienes se movilizan, lo cual hace que se esfuercen por conservar la memoria colectiva, además de las costumbres y aspectos culturales. Otro valor agregado a desplazarse masivamente es que la solución a problemas emergentes, pueden ser confrontados como colectividad, lo cual abre mayores posibilidades de resolución a los conflictos y desavenencias. Estos hallazgos muestran que el trabajo colectivo en el tema de resignificación del trauma, restitución de derechos y educación para la convivencia deben abordarse de forma colectiva, ya que el grupo tiene la posibilidad de generar mejores estados de cohesión en las familias y de convivencia comunitaria, al tiempo que activa redes de apoyo con los que las personas pueden conservar sus tradiciones, mejorar sus pautas de socialización y preservar su identidad cultural.


Las familias prefieren desplazarse a lugares (municipios y departamentos) cercanos, dada la probabilidad de regresar en un momento determinado a sus tierras, asimismo la mayoría se desplaza entre una y tres veces. Se encontró que la disfuncionalidad familiar en mayor cuando el desplazamiento se da una o dos veces. Lo anterior puede asociarse a los aprendizajes y al nivel de resiliencia que las personas generan cuando atraviesan diversas experiencias de socialización, lo cual los prepara para confrontar nuevos espacios, a diferencia de quien se desplaza una vez y se asienta y no cuenta con la posibilidad de generar otros contactos y redes de apoyo. Las familias desplazadas asentadas señalan que existen pocas redes de apoyo comunitario, situación que puede estar relacionada con la vulnerabilidad previa de estos lugares, así como también a una deficiente atención psicosocial en las zonas de asentamiento, aspecto que limita los espacios de participación y encuentro con la comunidad, dado que las personas no suelen realizar un acople rápido a dichos espacios. Como consecuencia muchos  jefes de hogar participan medianamente de la democracia local, en gran medida porque desean figurar poco, porque oponen resistencia a reintegrar la institucionalidad, y por la desconfianza en los procesos políticos una vez han sido victimizados. Asimismo se encontró que más de la mitad de la población se siente acogida por la comunidad, sin embargo pese a ello las personas entrevistadas aun experimentan resistencias comunitarias que dificultan los procesos de socialización, motivo por el cual es crucial generar un adecuado acople de las familias a los espacios comunitarios, movilizando las redes existentes a nivel local, y creando redes que sean coadyuvantes en el proceso de ajuste de las familias. 


El índice de disfuncionalidad familiar es elevado ya que supera la mitad de los casos entrevistados, es decir que 6 de cada 10 familias tiene algún tipo de disfuncionalidad, especialmente aquellos que cuentan con una jefatura femenina de estado civil soltero, seguido por personas separadas y viudas. Aquellas personas jefes de hogar en unión libre tienen puntajes altos en buena función familiar. Así mismo la disfuncionalidad familiar se incrementa cuando los motivos para el desplazamiento son psicológicos y están vinculados a amenazas e intimidaciones. En los adultos mayores la disfuncionalidad severa y moderada fue menor en relación a las otras edades. Estos hallazgos son evidencia de la forma en que el conflicto armado persiste bajo formas internas de relación intrafamiliar disfuncional, razón por la cual se sugiere ampliar los espacios de participación familiar, comunitaria y política de estas poblaciones a fin que generen un mayor empoderamiento de los recursos disponibles en su entorno, además de potencializar las opciones de participación disponibles. Las familias  deben reaprender a resignificar las pérdidas, además de fortalecer los liderazgos y espacios de trabajo con otras comunidades e instituciones, a fin de mejorar su calidad y expectativa de vida. En este proceso la intervención psicosocial es necesaria y efectiva.


Referencias


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Notas

1. Respecto a las cifras de personas desplazadas al 31 de marzo de 2013 sumaron 5.405.629 (UARIV, 2013), estadísticas que aumentan de acuerdo al acumulado nacional (1985-2014) a 6.231.617 víctimas a causa del conflicto armado (Sierra, Calle & Vélez, 2015). En el departamento del Quindío entre 1985-2012 fueron recibidos un total de 36,455 personas, constituyéndose en un departamento más receptor que expulsor (UARIV, 2013).  


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